Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para investigados por defraudación aduanera

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra siete investigados por la presunta defraudación de renta de aduanas en perjuicio del Estado, quienes fueron detenidos en un operativo realizado el pasado viernes 4 de noviembre.

Este requerimiento fue planteado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao y comprende al jefe del Área de Importaciones de Aduana, Lizardo Pérez Coyla, así como a los especialistas de SUNAT, Miguel Ángel Farías Aseng y Luis Manuel Ludeña de Montalbán.

También se incluyó a los comisionistas Antony Erick Arrasco Usquiano, Víctor Valdera Ubillus y Víctor José Ruiz Reátegui; y la empresaria Yolanda Huamán Aquipucho. Todos ellos son investigados por presuntamente integrar una organización criminal.

Pedido contra otros detenidos

La fiscal provincial Lucía Lizana Segama ingresó el pedido de prisión preventiva ante la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, donde se citará a una audiencia en las próximas 48 horas para que se evalúe los elementos de convicción ofrecidos en este caso.

También se debe ver la prognosis de la pena (si la sanción penal supera los cuatro años de cárcel), el peligro procesal (de fuga u obstaculización por parte de los imputados), la proporcionalidad y la duración de la medida.

Desde Fiscalía también solicitaron el impedimento de salida del país por ocho meses, caución y comparecencia con restricciones para las 25 personas restantes que fueron detenidas preliminarmente el pasado 4 de noviembre en un megaoperativo realizado en Lima, Callao, La Libertad, Arequipa y Tacna.

Estas diligencias fueron realizadas en mérito a una resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, que dispuso la detención de 32 personas.

Tesis fiscal

De acuerdo con la fiscal Lizana, esta red criminal habría incurrido en dos modalidades para cometer sus ilícitos: evasión del fisco y ajustes de pagos irregulares a empresas. Asimismo, señaló que funcionarios del Estado estarían involucrados en esta organización.

"Lo que se investiga son estas dos modalidades: dejar de pagar tributos, es decir, evadir el fisco bajo una lista de importadores a los cuales se les exoneraba el pago de tributos. Y la otra modalidad es que a algunas empresas se les ajustaba el valor a pagar de acuerdo al pacto que hacían con un arreglo monetario de por medio", indicó.

"Lo que se les imputa es el delito de apropiación de rentas de aduanas con circunstancias agravantes. El hecho delictivo que venimos investigando es básicamente la exoneración del pago de tributos a una determinada lista de empresas y ajustarles el valor para subvaluar sus mercancías, básicamente textiles", sostuvo.