El expresidente Alberto Fujimori presentó en junio del 2017 una solicitud a la Universidad Nacional Agraria La Molina para la reactivación de su pensión de cesantía, informó El Comercio. De acuerdo a documentación obtenida por la Procuraduría Anticorrupción, la casa de estudio suspendió este beneficio desde el 2001.
El procurador Amado Enco envió un oficio al centro de estudios superiores en agosto pasado para solicitar información sobre posibles beneficios sociales adeudados a Fujimori. La Oficina de Recursos Humanos respondió que la pensión a Fujimori por haber sido rector de la universidad entre los años 1984-1989 estaba suspendida.
Pedía su pensión
“No está de más indicar que con escrito recepcionado en esta universidad el 13/6/2017, el mencionado señor ha solicitado la reactivación de su pensión de cesantía, la misma que, de resultar procedente, se pagaría sin derecho a reintegro a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”, se lee en el documento que envió Julio Ángeles, jefe de Recursos Humanos, a la Procuraduría.
Amado Enco ha declarado que Fujimori tiene una deuda de S/ 51 millones por concepto de reparación civil. Sostuvo que ese monto no caduca y aseguró que su despacho insiste en el cobro de la deuda por lo que está rastreando fondos del expresidente.
Antecedente
La pensión de Fujimori ascendía a S/2.728, según un oficio de la universidad del 2013. De acuerdo al Código Procesal Civil, las pensiones no se pueden embargar cuando no exceden las 5 URP (unidad de referencia procesal), es decir uno S/2.025. Según el medio local, la procuraduría ha solicitado embargar una tercerea parte del excedente de la pensión de Fujimori.
Fujimori fue indultado el 24 de diciembre por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Cumplía 25 años de condena por las matanzas de Barrios y La Cantuta, el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Tenía otras cuatro sentencias: usurpación de funciones por ordenar que un militar suplante a un fiscal, peculado y falsedad ideológica por entregar US$ 15 millones a Vladimiro Montesinos, por corrupción y espionaje a periodistas y políticos.
