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El presidente del Consejo de Ministros aseguró estar "indignado" por lo solicitado por la entidad internacional.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, cuestionó este miércoles que la Corte IDH haya resuelto requerir al Perú que deje sin efecto o no se aplique el proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, iniciativa que se vio en el Congreso.
"Absolutamente indignado con lo resuelto por la Corte IDH que decide de la manera más insólita, sin precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un país miembro y soberano para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas", sostuvo en conferencia de prensa.
Adrianzén manifestó que se reunirá con representantes del Poder Legislativo y Judicial a fin de hacer un pronunciamiento en conjunto sobre lo dispuesto por la institución.
"Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado para coordinar y emitir una respuesta conjunta, manifestando por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional", añadió.
Medida controversial
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano que, mediante sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002.
Mediante una resolución, la Corte IDH dio esta disposición para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta a cuyas sentencias hace referencia el proyecto aprobado en primera votación por el Congreso de la República el pasado 6 de junio.
Requieren también al Estado peruano que presente, con fecha límite el 9 de agosto, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, señalan que se deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, desde la remisión del último informe, respecto de las medidas provisionales adoptadas, ello hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.
Desde la Corte solicitan, además, que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas, que serán contadas desde la notificación de los informes del Estado.
“Retroceso histórico en la lucha contra la corrupción”
De acuerdo a la nueva ley, la Fiscalía puede investigar como organización criminal a las empresas, las universidades y hasta las iglesias. Pero no a los partidos políticos.
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