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por Redacción RPP
·El fiscal del Equipo Especial Lava Jato también indicó que si la nueva ley de crimen organizado favorece a la impunidad, no se debe hacer ese reclamo a los jueces y fiscales, sino a los congresistas.
El fiscal José Domingo Pérez respondió a las críticas contra el Equipo Especial Lava Jato por la supuesta demora en las investigaciones de los casos destapados desde inicios de 2017 contra varios personajes políticos en el Perú por la presunta recepción de coimas o aportes ilegales de parte de Odebrecht y otras empresas, en una semana en la que se logró una sentencia en primera instancia contra el expresidente Alejandro Toledo por 20 años y seis meses de cárcel.
En declaraciones al diario La República, dijo que el caso de Toledo demuestra que el trabajo de la Fiscalía se ha realizado "de manera debida" y que "no es el único", pues, en junio de este año, "se logró una condena en un caso conocido como bonos soberanos" contra tres exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht.
Además, recordó que actualmente hay varios juicios en curso, como el del expresidente Ollanta Humala, quien junto a su esposa, Nadine Heredia, enfrenta un proceso próximo a concluir por lavado de activos tras la presunta recepción ilícita de aportes del Gobierno venezolano y Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. Domingo Pérez, indicó que este caso marcará un precedente para el juicio contra Keiko Fujimori, también investigada por lavado de activos.
"Actualmente también está por concluir el caso el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, con lo cual va a marcar una línea jurisprudencial si las entregas de dinero de parte de la empresa Odebrecht constituye el delito de lavado de activos. Con lo cual va a marcar un antecedente para el caso cócteles que se sigue contra la excandidata Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular", dijo el fiscal.
José Domingo Pérez cuestiona nueva ley de crimen organizado
José Domingo Pérez también se refirió a la modificación de la ley contra el crimen organizado promulgada tras ser aprobada en el Congreso. Señaló que si esta favorece a la impunidad, no se debe hacer ese reclamo a los jueces y fiscales, sino a los congresistas.
"Eso los legisladores tendrán que dar respuesta. Para dictar una ley tiene que haber un estudio técnico de la ley y las consecuencias de que va a generar. Quiero que me entienda usted, ni el juez ni el fiscal dicta leyes. Nosotros solamente cumplimos la Constitución y las leyes. Entonces, el reclamo si una ley favorece la impunidad no la hagan a los jueces ni a los fiscales, háganle a quienes dictan las mismas que son los congresistas..." sostuvo.
Al ser consultado sobre si la nueva norma afectaría su pedido de disolver el partido Fuerza Popular, que forma parte de su acusación contra Keiko Fujimori, dijo que corresponde esperar si los jueces "hacen algún control difuso", una figura constitucional de la que disponen los magistrados para no aplicar una norma cuando hay una disposición superior en la Carta Magna.
"Bueno, vamos a ver si es que los jueces hacen algún control difuso porque no puede haber leyes para determinados intereses o determinadas personas, es decir, no puede haber leyes a la medida de determinados intereses. Eso esperaremos en la sentencia, obviamente la Fiscalía en su momento alegará que los jueces no la apliquen por el control difuso", dijo el fiscal.
"(El control difuso) es la manera como los jueces tratan de resistir la ley arbitraria que afecta derechos, garantías, convenciones, principios, valores. Esa es la herramienta que tienen jueces, pero que en estados como Venezuela, Cuba, Nicaragua les quitan [...] Nosotros vivimos un estado constitucional de derecho. No vivimos un estado legal, es un estado constitucional derecho donde la Constitución prima y los valores constitucionales por ende de la misma manera", agregó.
¿Cuáles son los costos de las extorsiones?
La extorsión en Perú afecta gravemente a empresarios de distintos sectores, generando temor y debilitando la confianza en el entorno empresarial. Esta convulsa situación en Lima ha resultado en la trágica pérdida de vidas, un recordatorio doloroso de la gravedad de la crisis. Ante esto, el sector transporte inició un paro de 72 horas el 10 de octubre, demandando acciones concretas del gobierno. A pesar de los esfuerzos de los gremios, los empresarios se sienten vulnerables. Es fundamental que la sociedad reconozca esta problemática y apoye medidas para frenar el avance de las redes criminales que amenazan a miles de peruanos y han causado un profundo sufrimiento en las familias afectadas.
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