El expresidente Alejandro Toledo defendió su inocencia frente a los cargos presentados por la Fiscalía en su contra, relacionados con el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculados a la empresa Odebrecht. ¿Cómo transcurrió el juicio en el cual el Poder Judicial lo condenó a más de 20 años de prisión?
“Soy inocente, nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. Mi abogado, en una entrevista con el señor Barata en Curitiba, le preguntó ‘¿Señor Barata, usted tiene información que el dinero que ustedes la han dado al señor Maiman ha ido a alguna cuenta del expresidente Toledo?’ y el dijo ‘No’”.
La concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur a favor de Odebrecht, entre 2004 y 2005, fue el punto de partida que colocó al expresidente Alejandro Toledo en la mira de la Fiscalía.
En diciembre de 2016, la constructora brasileña Odebrecht reveló a las autoridades de Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. Ello provocó que en enero de 2017 se abriera una investigación fiscal contra Toledo Manrique.
Fue en ese mismo mes que el expresidente Alejandro Toledo dejó el Perú para residir en los Estados Unidos, donde permaneció hasta que las autoridades de ese país autorizaron su extradición en abril del 2023, para que afronte los cargos que le atribuye la Fiscalía Peruana en este caso.
En agosto de 2020, tras tres años de diligencias, el fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación formal, solicitando una pena de 20 años y seis meses de prisión para Toledo, además de su inhabilitación por nueve años para ejercer cargos públicos. Se le acusa de colusión y lavado de activos en perjuicio del Estado.
Según la Fiscalía, quedó demostrado que Toledo pactó con Odebrecht el pago ilícito de 35 millones de dólares para que la empresa brasileña resultara favorecida en la licitación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.
La acusación sostiene que dichos montos fueron transferidos a través de empresas de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo de Toledo. Antes de fallecer en 2021, Maiman declaró por videoconferencia desde Israel, en una audiencia de “prueba anticipada”, confirmando que los 35 millones de dólares depositados en sus cuentas eran sobornos para el expresidente.
La procuradora ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que durante el proceso se logró comprobar el pago de al menos 30 millones de dólares en sobornos a Toledo. Carrión también precisó que su despacho ha solicitado una reparación civil de más de 1 375 millones de soles y 463 millones de dólares a favor del Estado peruano.
“Pero lo que sí se ha probado en el caso Interoceánica es la ruta del dinero respecto a los 30 millones que ingresaron por el tramo 2 y 3 a título de sobornos para el señor Toledo. Eso está comprobado dentro del caso””, sostuvo.
La tesis fiscal
El fiscal José Domingo Pérez también incluyó en su acusación las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, quien confirmó el pago de sobornos. Además, se presentaron documentos que detallan la ruta de los pagos realizados por la constructora brasileña a través de las empresas de Josef Maiman.
La Fiscalía sostiene que parte del dinero entregado por Odebrecht fue utilizado por Alejandro Toledo para adquirir costosas propiedades en Perú, a través de la empresa offshore Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica. Debido a estos hechos, el expresidente enfrentará otro juicio oral, luego de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara ampliar su extradición.
En este segundo caso, el fiscal superior Rafael Vela ha solicitado una pena de 16 años y 8 meses de prisión, acusando a Toledo por el presunto delito de lavado de activos.
“Para tener el panorama general de cómo efectivamente el dinero que fue materia de todo este tramado, toda la trazabilidad del dinero, incluye también una práctica de lavado de activos en el Perú a través de adquisiciones inmobiliarias”, manifestó.
El expresidente Alejandro Toledo tiene pendientes otros procesos penales en el país. Uno de ellos está relacionado con el tramo 4 de la Carretera Interoceánica, por el cual la Fiscalía ha solicitado una pena de 35 años de prisión. Además, enfrenta acusaciones por supuestos aportes ilegales a su campaña presidencial de 2011, además del caso del Proyecto de Irrigación Trasvase Olmos, también vinculado a Odebrecht.
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