Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva, el fiscal Jorge García señaló que el alcalde de Anguía podría recibir una condena superior a los 23 años de prisión en caso sea hallado culpable de los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
El fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estimó que José Nenil Medina, alcalde de Anguía (Cajamarca), podría recibir una condena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad en caso sea hallada culpable de los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
Durante la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva para José Nenil Medina, el fiscal explicó que al investigado alcalde se le imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, que por tratarse de delitos graves, contemplan penas que superan los cuatro años de pena privativa de la libertad previsto como requisito.
En respuesta, el abogado Martín Silva, defensa legal de José Nenil Medina, señaló que la gravedad de esta supuesta condena no puede ser utilizada por el Ministerio Público para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva, mientras que el fiscal insistió en que esta medida busca asegurar su presencia en las investigaciones.
El representante del Ministerio Público sustentó que la medida de 36 meses de prisión preventiva resulta necesaria para asegurar su presencia durante los actos que requiere esta investigación. Además, recordó que durante las diligencias fiscales se pudo identificar que cuenta con varias propiedades que no garantizan su arraigo domiciliario.
José Nenil Medina sería "operador" de la organización criminal
En una anterior audiencia, el fiscal Jorge García Juárez señaló que, según la tesis del Ministerio Público, Yenifer Paredes , cuñada del presidente Pedro Castillo, sería la "lobista" principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por el jefe de Estado.
Según sustentó, en el caso conocido como 'El cajero y la cuñada' o 'caso Anguía', la organización criminal tendría como cabeza el presidente Pedro Castillo, quien trabajaba coordinadamente con el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado.
En esta trama delictiva enquistada en el Ministerio de Vivienda también figuran como coordinadora la primera dama Lilia Paredes, como operador al alcalde de Anguía, José Nenil Medina, como lobbista principal a Yenifer Paredes y como testaferros a los hermanos Espino Lucana.
Esta red criminal también tendría la participación como lobbistas de dos hermanos de la primera dama, Walter y David Paredes, además de Rudbel Oblitas Paredes, sobrino político de Pedro Castillo. La tesis fiscal también apunta a un "Gabinete en la sombra" conformado por un grupo de profesionales que, de manera ilícita, tomaron decisiones para beneficiarse.
En el caso Anguía, el fiscal mencionó que la existencia de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda no se hubiera podido concretar sin las empresas de fachada: de propiedad de los empresarios hermanos Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana.
La organización criminal también contaba -según la tesis fiscal- con personas encargadas de asegurar los lobbies ilícitos, entre ellos los colaboradores Karelim López y Zamir Villaverde y dentro del Ministerio de Vivienda a Yenifer Paredes, quien sería la encargada de coordinar y contactar a diferentes alcaldes para "negociar" obras de manera ilícita.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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