La Fiscalía realiza intervención en locales de Fuerza Popular

El Poder Judicial autorizó este jueves que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio allane y registre dos locales del partido político Fuerza Popular que se encuentran en Cercado de Lima y Surco.

El primero se ubica en la avenida 9 de diciembre (Paseo Colón) 442, Cercado de Lima, y el otro en jirón Los Morochucos 140 en la urbanización Santa Constanza, en Surco. La Fiscalía sospecha que Odebrecht financió las campañas electorales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. La Justicia de Brasil encontró en el teléfono móvil del empresario la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, que vinculan al partido político con la constructora brasileña.

“El fiscal José Pérez y todo un equipo revisan la documentación política que tenemos en este local. A los de Fuerza Popular se nos viene a conminar y asustar por investigar. (...) Fuerza Popular es el único partido que entregó sus libros de todas las campañas”, dijo Luz Salgado en Ampliación de Noticias desde el local de Cercado de Lima.

El Poder Judicial informó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, declaró fundado el allanamiento y registro de bienes de los inmuebles de Fuerza Popular, cuyo representante legal es José Chlimper.

“Nuestros libros contables están en el despacho del señor fiscal. (…) En este momento están revisando papel por papel, buscando los libros contables. Hoy a las 10 de la mañana la señora Keiko estaba citada al despacho del fiscal. A la misma hora se hace este allanamiento“, dijo desde el local de Surco José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular.

Fujimori en Fiscalía

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenía programado ir a las 10 de la mañana de este jueves al despacho del fiscal José Pérez para responder sobre la anotación que hizo Marcelo Odebrecht.

A fines de 2016, la constructora Odebrecht admitió haber pagado US$ 29 millones en soborno a distintos funcionarios entre 2005 y 2014, para obtener las licitaciones de obras públicas en Perú. Esta práctica nació en Brasil y fue sistematizada por las principales constructoras de ese país, que obtuvieron millonarios contratos con el Estado pagando con dinero bajo la mesa. Esta red criminal fue revelada tras el inicio de la operación Lava Jato, impulsada por la Policía brasileña. Ollanta Humala y Nadine Heredia están en prisión preventiva por su vínculo con el caso, mientras que Alejandro Toledo tiene una orden de captura.