La historia detrás de la firma del contrato de la Interoceánica

La licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica continúa en el ojo de la tormenta. Tras la confesión de Jorge Barata sobre el supuesto pago de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo para asegurar la buena pro de esa obra, un nuevo episodio echa más sombras sobre ese proceso de adjudicación.

Las sospechas ahora se centran en lo que ocurrió el 4 de agosto de 2005, día en que se firmaron los contratos de esa obra vial. Una objeción de la contraloría, una reacción en tiempo récord de Proinversión, y la opinión legal de un estudio jurídico externo, son los elementos protagónicos de esta historia.

El informe de contraloría. En el programa Todo se sabe de RPP Noticias, el economista Juan Mendoza recordó que las buena pro a los tramos 2,3 y 4 de la Interoceánica se dieron el 23 de junio de 2005. Las firmas de los contratos se programaron para casi un mes y medio después en Palacio de Gobierno.

Mendoza indica que apenas iniciada esa reunión, el presidente del Comité de Pro Inversión, Sergio Bravo Orellana, dio cuenta de la llegada de un informe de Contraloría, que objetaba los contratos con Odebrecht, Queiroz Galvao y Graña y Montero, porque tenían juicios con el Estado. Eran las 10:15 de la mañana del 4 de agosto de 2015 y 25 minutos después se suspendía la reunión, a la espera de instrucciones del Consejo Directivo de Proinversión.

Tiempo récord. Ese consejo era presidido por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), entonces ministro de Economía (MEF). Además era integrado por otros cinco ministros y el director ejecutivo de Proinversión René Cornejo. Este grupo se reúne en la sede del MEF desde las 12:30 p.m. hasta la 1:05 p.m. para tomar una decisión sobre el problema planteado por Contraloría.

A la 1:27 p.m. la sesión se reanuda en Palacio de Gobierno y Bravo Orellana informa: a) que ha pedido a las constructoras que respondan las objeciones; b) que ha solicitado una opinión al asesor legal de Proinversión; c) y otra opinión legal a un estudio jurídico externo. Lo sorprendente -indica Mendoza- es que el jefe del comité de Proinversión ya tenía las respuestas a todos esos pedidos por escrito. "Esto desafía las leyes de la física y el sentido común", dice el economista al comentar la "inverosímil" velocidad de esa gestión.

Se firman los contratos. A la 1:45 p.m. (18 minutos después) el Consejo Directivo concluye que las objeciones de la Contraloría no son válidas. "...los señores ministros realizaron comentarios y luego de un amplio debate y de revisar minuciosamente el oficio de la Contraloría General y la documentación alcanzada por el comité de Proinversión (...) se concluyó que el oficio de contraloría es inocuo", dice el acta de la reunión.

Cinco minutos más tarde, a la 1:50 p.m., se firmaron los contratos con la presencia del presidente Alejandro Toledo, varios ministros y los representantes de las compañías ganadoras de la licitación, entre ellos Jorge Barata, entonces director de Odebrecht en el Perú.

El informe de Juan Monroy. El principal argumento para considerar inocuas las objeciones se sustentó en una supuesta inexactitud en la redacción. En el oficio de Contraloría el nombre de la empresa Odebrecht omitía una letra (la 'c'), en lugar de "constructora" se leía "construtora". El mismo caso con Graña y Montero: en el documento oficial decía GYM SA, en lugar de Graña y Montero SAA.

Ese fue el planteamiento jurídico de la asesoría externa solicitada al estudio del abogado Juan Monroy Gálvez. Según este razonamiento ninguna de las dos empresas estaba impedida de contratar con el Estado, porque no eran mencionadas. Monroy Gálvez ha negado en el Congreso y ante medios de comunicación haber entregado ese informe el 4 de agosto de 2005. Proinversión ha rechazado esa versión, y ha señalado, además, que el abogado presentó otros tres informes complementarios, el 23 de agosto, el 8 de setiembre y 12 de setiembre de 2005.