Más cháchara contra las “arbitrariedades” de la Justicia [COLUMNA]

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Si uno escuchara sin atención a Wilfredo Pedraza, exministro y actual abogado defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, podría creer que está repitiendo los mismos argumentos utilizados la víspera a propósito de Keiko Fujimori: que la Justicia comete arbitrariedades, que la presión mediática somete a jueces y fiscales, que no hay nada sólido en el expediente. Faltaría solo la calificación de “totalitarios” a los fiscales, la obsesión contra IDL Reporteros y la apelación ante instancias internacionales.

Con sus respectivas variantes, la voluntad de desacreditar la Justicia la hemos podido observar en el caso grotesco de Alejandro Toledo, en el trágico de Alan García, en el patético de Pedro Pablo Kuczynski y en los casos inesperadamente asociados de Susana Villarán y Luis Castañeda. La única conclusión razonable es que, buena o mala, la Justicia ha mostrado la misma severidad y ha utilizado los mismos procedimientos con todos los actores principales de la escena política, para no referirnos a una pléyade de autoridades regionales, comenzando por las desaforadas de Ancash y las cínicas del Cusco, donde se ha osado robar el dinero que debía ser usado para construir un hospital.

Contemplar las obras paralizadas del viejo Hospital Lorena constituye hoy la mejor manera de adherir a una lección de la historia: o aprovechamos las actuales circunstancias para sentar un precedente irreversible o la impunidad seguirá prevaleciendo y nuestro país nunca podrá alcanzar el desarrollo. La corrupción es un cáncer moral que hay que extirpar a tiempo, pero es también un factor que paraliza el dinamismo económico y causa que en vez de salarios justos a maestros y policías, en vez de carreteras y aeropuertos tengamos dinero en paraísos fiscales alimentando las cuentas inexpugnables de empresarios inescrupulosos, autoridades indignas  y sus operadores en el foro y los tribunales.

El espejo mexicano

El caso de México ofrece un espejo en el que puede ser útil vernos reflejados. A menos de ocho meses de su entrada en funciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que aceptar la renuncia de su ministro de Economía, Carlos Urzúa, quien colaboró con él desde que fuera alcalde de la capital hace más de 18 años. Vía twitter, Urzúa ha denunciado decisiones de política económica tomadas sin sustento técnico, impuestas por poderosos personajes que se hallan en conflicto de interés con el Estado.

Los cálculos de ONG independientes y acuciosos periodistas de investigación elevan a 600 millones de dólares el total que habría recibido el expresidente Enrique Peña Nieto, de Odebrecht y otras empresas de construcción. “Actualmente tiene nueva novia y vive en Madrid dedicado a bailar”, nos declaró el abogado xx xx. Y mientras tanto, claro, no avanza la anunciada refinería de Dos Bocas, con un presupuesto previsto de 8,000 millones de dólares.

Nuevos ministros

Regresando al Perú, los primeros pasos de los dos nuevos ministros permiten confiar en que poseen una conciencia clara de las desafíos que han asumido. El almirante Jorge Moscoso ha mostrado liderazgo en la Marina, eficiencia en el Comando Conjunto y conciencia del país como promotor de las Plataformas Itinerantes de Acción Social, PIAS, en los ríos de nuestra Selva. Su deber principal es culminar con éxito la guerra en el VRAEM, que ya viene durando demasiado tiempo y costando demasiado caro a nuestras Fuerzas Armadas.

El arqueólogo Luis Jaime Castillo ha hecho importantes descubrimientos en el valle del Jequetepeque y ha sido un pionero de la utilización de los drones en el reconocimiento de sitios patrimoniales en nuestro complicado territorio. Él tendrá que decidir el futuro del viejo museo de Pueblo Libre y el nuevo de Pachacamác, la más grande inversión cultural en la historia de nuestro país. Le toca también despejar las dudas que se instalan a propósito del aeropuerto de Chinchero. Así, su desafío oscilará entre las cosas más antiguas y las más urgentes de un país urgido de “arqués”, principios.

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