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Congreso solicitó al Tribunal Constitucional que interprete el artículo 117 de la Constitución

El presidente Pedro Castillo es investigado en el Ministerio Público.
El presidente Pedro Castillo es investigado en el Ministerio Público. | Fuente: Foto: Presidencia | Fotógrafo: Luis Iparraguirre

El Parlamento formalizó este martes una ampliación y variación de su demanda competencial -presentada el pasado 10 de octubre- en la que solicita que incorpore dentro de sus pretensiones las acciones legales del Poder Ejecutivo para intentar paralizar sus funciones de control político.

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El Congreso formalizó su solicitud al Tribunal Constitucional para que interprete el artículo 117 de la Constitución. De esa manera se permitirá el procesamiento a nivel constitucional del presidente Pedro Castillo en los términos que formula la denuncia penal por cargos muy graves de corrupción indicados por la Fiscalía de la Nación.

El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.

La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación. En un pronunciamiento, señaló que la suficiencia de los indicios que sustentan la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.

"Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", manifestó.

De acuerdo a las investigaciones, la organización es integrada, entre otros, por los ex ministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, así como por el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Benavides Vargas añadió que ahora "es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".

Denunció obstrucción a la justicia

Durante la presentación de esta denuncia, Patricia Benavides advirtió de una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”, que aprovechándose del poder de estar en el Gobierno "amenaza la autonomía del Ministerio Público" y realiza un permanente amedrentamiento su contra y su familia.

"La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer", expresó.

Asimismo, remarcó que las investigaciones que efectúa el Ministerio Público son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso.

"Los fiscales no somos actores políticos sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales", aseveró.

Concluyó su pronunciamiento indicando que la corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, razón por la que el combate contra ese flagelo en todas las esferas del estado debe ser unánime. "Porque solo así la inmunidad no será impunidad. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad", puntualizó.

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