Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, calificó de "inconstitucional" la investigación que se le sigue a su defendido por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo, presentó un recurso de tutela de derechos que busca anular la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La solicitud lleva la firma del abogado del mandatario, Benji Espinoza, y está dirigida al juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia.
"Benji Gregory Espinoza Ramos, abogado defensor del presidente José Pedro Castillo Terrones, en la investigación inconstitucional que se le sigue por la presunta y negada comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión, en agravio del Estado; a Usted, con el debido respeto, nos presentamos y decimos: amparo jurídico, pretensión concreta, admisibilidad y procedencia de la tutela de derechos ante la afectación de los derechos de mi patrocinado, aspectos preliminares, fundamentos, colofón", se puede leer en el documento presentado por el jurista.
Como se recuerda, la titular del Ministerio Público presentó una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, a fin de que se pueda continuar con las investigaciones de la Fiscalía. Pese a que el artículo 117 de la Constitución indica que el mandatario solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro presupuestos concretos, Benavides apela a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para darle sustento a su requerimiento.
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de denuncia contra Pedro Castillo
El último viernes 14 de octubre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones, dio cuenta de la denuncia constitucional realizada por la fiscal Benavides. A partir de esta fecha, el grupo de trabajo parlamentario tiene diez días hábiles para elaborar un informe de calificación y decidir si es procedente o improcedente.
"Es un proceso que va a tomar un promedio, no creo que menos de tres meses. Claro, obviamente por todos los procedimientos que hay que atender, por todos los plazos que hay que cumplir, en este caso, por todos los testigos que hay que escuchar", dijo entonces Lady Camones para RPP Noticias.
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