EN VIVO: Poder Judicial resuelve pedido de prisión preventiva contra Pedro Castillo y Aníbal Torres

Este jueves, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decide si ordena prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo y el exprimer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

El juez Juan Carlos Checkley Soria, encargado de dirigir la sesión, da lectura a la resolución del pedido de la Fiscalía.

Argumentos de la Fiscalía

De acuerdo con el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, la detención de Pedro Castillo ocurrió en flagrancia del delito que se le imputa. Además, precisó que el exmandatario invocó a las Fuerzas Armadas y que si estas no entraron en acción, fue porque decidieron no acatar la orden.

Para Chinchay, el mensaje a la Nación donde Castillo Terrones anunció la disolución del Congreso y todo el sistema de justicia, así como también las investigaciones por corrupción, y las declaraciones de funcionarios cercanos a su entorno y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) son elementos que darían sustento al pedido de prisión preventiva.

Con respecto a Aníbal Torres, relató una serie de declaraciones de diferentes exministros (Alejandro Salas, Willy Huerta, Gustavo Bobbio, Roberto Sánchez) que involucran la participación del extitular de la PCM y a Betssy Chávez en los momentos posteriores al anuncio del golpe de Estado. El paso a la clandestinidad de Torres Vásquez también se incluyó dentro de los elementos de convicción.

Sobre el peligro procesal, Chinchay consignó las declaraciones del canciller mexicano en donde anuncia la disposición de asilar a Castillo Terrones. "No creemos que haya ido a la Embajada de México a tomar el té", advierte.

Chinchay señaló que el delito más grave es el de rebelión y que el extremo mínimo supera los 10 años de privación de la libertad.

Argumentos de la defensa

Terminada la intervención del representante de la Fiscalía, Italo Díaz, abogado defensor de Pedro Castillo, tomó la palabra. En su primera intervención, señaló que si bien Marcelo Ebrard, canciller mexicano, indicó que estarían dispuestos a asilar al expresidente, él no solicitó esta medida. "Si Pedro Castillo viaja a México, se lo damos. Pero no lo ha solicitado", citó Díaz a Ebrard.

Asimismo, criticó los dichos de los colaboradores eficaces que se pronunciaron en contra de Castillo Terrones, pues hasta el momento no configuran purebas, sino "presuntos hechos". 

En otra parte, argumentó que el exmandatario sí posee arraigo domiciliario, ya que su vivienda se encuentra registrada en Chota, Cajamarca; además, cuenta con arraigo laborar por ser profesor nombrado en Puña, Tacabamba; y arraigo familiar al tener dos hijos menores de edad que dependen económicamente de él.

Posteriormente, Duberlí Rodríguez, abogado de Aníbal Torres, mencionó que la Fiscalía no posee evidencias de que su defendido se haya levantado en armas y que si bien estuvo presente en Palacio de Gobierno, no hay indicios de su participación en alguna presunta rebelión.

Además, agregó que Torres Vásquez recién se enteró del golpe de Estado con la emisión del mensaje a la Nación y luego vinieron a decirle que los llevarían a la embajada de México.

"La prisión preventiva es la excepción y no la regla", dijo Duberlí Rodríguez. Sin embargo, consideró que "la judicialización de la política" ha subvertido este orden.

Abogado de oficio

Como se recuerda, tras la ausencia de Ronald Atencio, quien se encargaba de la defensa legal de Castillo Terrones, al exmandatario se le asignó un abogado de oficio. Italo Díaz fue designado para representar al exjefe de Estado y, durante su intervención, solicitó un "tiempo prudente" para preparar su defensa.

No obstante, horas después, Atencio aseguró que no había renunciado a la representación de Castillo, sino que había reclamado que "el sistema de justicia no me permite ejercer una defensa eficaz".

En esta audiencia, Atencio tampoco se presentó. Es más, Castillo Terrones tampoco participa de la sesión, pese que al iniciar se dejó constancia que se le había notificado.

Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva

El último martes 13 de diciembre, el fiscal supremo Uriel Terán solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión. El pedido del represetante del Ministerio Público llegó luego de que la  fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara la investigación contra el exmandatario a fin de continuar con el proceso penal a través de la fase de investigación preparatoria.

El pedido de la medida cautelar llegó horas después de que el juez César San Martín declarara infundado el pedido de apelación presentado por la defensa del expresidente que pretendía anular la detención ordenada en su contra por siete días.

En su resolución, el magistrado precisó que el delito de rebelión no se limita únicamente al alzamiento en armas, sino que refiere a la pretensión de quitar autoridad a las instituciones democráticas para concentrar todo el poder.