El abogado penalista Eduardo Roy Gates consideró que el Ministerio Público "tiene un límite" en cuanto a la investigación contra el Presidente y que la decisión final será del Congreso
El abogado penalista Eduardo Roy Gates, en diálogo con RPP Noticias, consideró que, tras iniciarse la investigación preliminar contra el jefe de Estado, sus familiares y funcionarios públicos involucrados, se ha reunido "un cúmulo de evidencia" que involucra directamente al Presidente.
"El cuestionamiento es hasta dónde puede avanzar el Ministerio Público contra el presidente Castillo", señaló.
En ese sentido, explicó que la labor de la Fiscal de la Nación "tiene un límite" en cuanto al Presidente, ya que la resolución del juez Juan Carlos Checkley "no precisaba" si se podía pasar de investigación preliminar a investigación preparatoria.
"Está claro que sí le puede abrir una investigación preliminar, eso está zanjado con la decisión judicial del juez Chekley, cuando la defensa de Castillo planteó una tutela, y el juez dijo que es correcto que le abran una investigación preliminar (...), pero, no se ha pronunciado, específicamente, sobre la apertura de una investigación preparatoria que es el siguiente paso de la investigación preliminar", explicó.
Al respecto, señaló que, aunque el artículo 117 de la Constitución establece que el Presidente no puede ser acusado, eso no significa licencia para avalar actos de corrupción.
"El artículo 117 de la Constitución no se ha creado con un mecanismo de inmunidad para el Presidente sino para que pueda ejercer sus altas labores sin entorpecimiento de acciones políticas por parte de sus contrincantes, pero no para cubrirlo de cualquier delito", consideró.
Además, remarcó que la resolución del juez Checkley, aunque no rechazaba la apertura de investigación preliminar, en los considerandos "dejaba sentada su posición de que no se podría formalizar la investigación preparatoria contra el Presidente".
A manos del Congreso
Frente a ese panorama, Roy Gates consideró que la Fiscalía sí podía seguir adelante en el proceso contra el jefe de Estado, pero que la última palabra la tendría el Congreso.
"La Fiscalía debe culminar con la investigación preliminar contra el Presidente y debe formular denuncia constitucional ante el Congreso. Y aquí, lamentablemente, vamos a depender del Parlamento. Y digo lamentablemente porque está claro que el Congreso no está avanzando al nivel en que avanza el Ministerio Público", sostuvo.
En ese caso, explicó que a la Fiscalía le corresponde sustentar la denuncia, pero al Congreso decidir su admisión y ejecución.
"El Congreso tendrá que hacer todo el trámite del antejuicio constitucional y el Congreso será el que finalmente decida si se puede acusar al Presidente o no", señaló.
Para Roy Gates, el Congreso puede decidir si el Presidente es sancionado por delitos comunes, al margen de los 4 motivos que establece la Constitución para acusarlo.
"Al Presidente si se le podría acusar por estos delitos comunes. Tendría que seguirse el mismo procedimiento parlamentario del antejuicio constitucional y ahí también dependemos de los votos del Congreso , pero creo que ante hechos flagrantes que vinculan al Presidente con corrupción de funcionarios, el Parlamento sí podría formular la acusación".
Prisión preventiva contra Yenifer Paredes
Por otro lado, el abogado consideró que la Fiscalía ha logrado reunir elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva contra Yenifer Paredes.
"El Ministerio Público, el día de ayer en la audiencia, ha presentado una serie de elementos de convicción nuevos que no pudo presentar al momento en que hizo su requerimiento de prisión preventiva. Y esto es lógico porque durante los 10 días de detención preliminar (se pudo) obtener una mayor cantidad de información. Y esto es así porque uno de los imputados se acogió a la colaboración eficaz y el otro a la confesión sincera", señaló.
Asimismo, señaló que la prisión preventiva podía extenderse incluso a la primera dama.
"La señora Lilia Paredes tiene los mismos derechos de cualquier ciudadano, no tiene ningún tipo de protección especial. Contra ella se podría solicitar cualquier tipo de medida de coerción al igual que se ha solicitado contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguia", explicó.
Según el abogado penalista, Pedro Castillo sabe que su esposa puede ser objeto de estas medidas y por eso adelantó que ella estaría dispuesta a entregar su pasaporte.
"Yo creo que el Presidente ya ha acusado el golpe, porque en una entrevista mencionó que su esposa estaba dispuesta a entregar su pasaporte. Este es un hecho de buena voluntad pero no es suficiente porque el hecho de entregar el pasaporte no significa que no puedes salir del país. Hay otras maneras, puedes salir a otros países fronterizos solo con DNI", remarcó.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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