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por Julio Cisneros
·La defensa legal de Willy Huerta demanda que se revoque una resolución en su contra y se determine la inviabilidad del juicio oral y se archive la causa por considerar que no existe una imputación clara, precisa e individualizada contra su patrocinado por este caso.
El Poder Judicial evaluará este lunes 7 de julio si excluye o no al exministro del Interior, Willy Huerta, del juicio oral que afronta junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación que presentó Huerta Olivas, a través de su defensa legal, contra la resolución o auto de enjuiciamiento que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 12 de noviembre del 2024, en la que autorizó el inicio de un juicio oral en su contra junto a los demás implicados en este caso.
La defensa legal del extitular del Interior demanda que se revoque la resolución apelada y se determine la inviabilidad del juicio oral y se archive la causa tras alegar que no existe una imputación clara, precisa e individualizada contra su patrocinado, ni consta prueba directa en su contra que revele que se trató de un delito previamente acordado y que en la audiencia preliminar se impidió el ejercicio de defensa y medio la ausencia de elementos de convicción suficientes e idóneos, a partir de una deficiente investigación.
Al respecto, el Fiscal Supremo Provisional Alcides Chinchay, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió a dicha sala suprema que declare infundado este recurso de apelación.
El despacho del representante del Ministerio Público solicitó 25 años de prisión contra el extitular del Interior, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarlo como presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado.
Sobre la apelación
El recurso de apelación del extitular del Interior se apoyó en la Ley 32130, modificada por el Congreso de la República y que, entre diversos efectos, generaba que los juicios se dilaten.
No obstante, en una interpretación (Apelación 25-2025-Betssy Chávez), la Corte Suprema estableció que el recurso de apelación contra un auto de enjuiciamiento, de acuerdo con el Código Procesal Penal (CPP), no tiene carácter o efecto suspensivo.
Por ello, el juicio contra Willy Huerta, Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y otros por el fallido golpe de Estado, no se vio paralizado.
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