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por Julio Cisneros
·El juez Leodan Cristóbal iniciará la denominada etapa intermedia en este proceso penal, en la que deberá realizar una revisión de esta acusación fiscal y también resolver observaciones y pedidos que presenten las partes involucradas, a fin de establecer si se cumplen los requisitos para que este caso ingrese a la etapa de juicio oral.
El Poder Judicial iniciará el viernes 5 de setiembre la audiencia de control de la acusación fiscal presentada contra Luis Nava, exsecretario General de la Presidencia durante el segundo gobierno del fallecido exmandatario Alan García, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y otras 10 personas por el caso del Proyecto Tren Eléctrico, tramos 1 y 2, vinculado a Odebrecht.
En una audiencia virtual, de carácter inaplazable, a realizarse desde las 9:30 de la mañana, el juez Leodan Cristóbal Ayala comenzará la denominada etapa intermedia de este proceso penal, en la que deberá realizar una revisión de esta acusación fiscal y también resolver observaciones y pedidos que presenten las partes procesales involucradas, a fin de establecer si se cumplen los requisitos para que este caso ingrese a la etapa de juicio oral.
Mediante una resolución emitida el último 19 de agosto a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que en el presente caso se tiene un total de 184 533 hojas o folios ingresados a este expediente por lo que su despacho considera que se trata de un caso de alta complejidad por presentar una pluralidad importante de imputados que en el extremo acusatorio cuenta con 14 imputados (12 personas naturales y dos personas jurídicas ) así como 2 pedidos de sobreseimientos o archivo; así como un alto número de hechos relevantes que comprende los diversos niveles de poder del Estado.
Pedido fiscal
El fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó 30 años de prisión para Luis Nava, así como 21 años de cárcel para Enrique Cornejo Ramírez y otras 10 personas al formular una acusación por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado en perjuicio del estado a raíz de este caso.
La acusación fiscal también comprende a dos personas jurídicas que habrían sido instrumentalizadas para la comisión del delito de lavado de activos.
Los hechos están referidos a los tramos 1 (Villa El Salvador-Grau) y 2 (Grau-San Juan de Lurigancho) del Proyecto Tren Eléctrico, en el periodo del 2009 al 2011, durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García.
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