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por Julio Cisneros
·El juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que en este caso corresponde declarar la sustracción de la materia, pues hay una denuncia constitucional contra Jorge Luis Flores Ancachi en el Congreso que aún debe ser tramitada.
El Poder Judicial rechazó el pedido fiscal para que se autorizara levantar el secreto bancario del legislador Jorge Luis Flores en la investigación que se le sigue por un presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho congresal.
El juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó el requerimiento que hizo la Fiscalía de la Nación, el 31 de enero del 2024, para que se ejecutara dicha medida respecto al legislador y otras 27 personas, entre los que se encuentran trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas del Poder Legislativo que presidió, por el periodo comprendido entre el 26 de julio del 2021 al 9 de julio de 2023, a raíz de este caso.
Mediante una resolución emitida el último 22 de agosto, el magistrado determinó que en este caso corresponde declarar la sustracción de la materia, en atención a que el 14 de mayo del 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el legislador.
Dicha denuncia señala a Flores Ancachi como presunto autor del delito de concusión, en grado de tentativa, en agravio del Estado, al atribuirle el presuntamente haber abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas del Poder Legislativo que presidió durante el periodo 2022-2023, a fin de que les entreguen sumas de dinero procedentes de sus haberes.
Situación del proceso
El juez supremo Checkley Soria precisa que, si el Congreso de la República aprueba la acusación constitucional y ordena la formalización de la investigación preparatoria, su despacho adquirirá competencia para continuar con las actuaciones procesales. “En consecuencia, mientras la denuncia constitucional se encuentra en trámite ante el Congreso, el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en asuntos que podrían afectar el debido proceso”.
El magistrado remarca que, en el presente escenario, al encontrarse la denuncia constitucional en trámite ante el Congreso, y siendo este órgano el competente para evaluar y decidir sobre la acusación, no resulta procedente que su despacho ordene el levantamiento del secreto bancario requerido ya que actuar en contrario implicaría una vulneración al principio de separación o división de poderes.
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