La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado un recurso de apelación presentado por la defensa legal de Renovación Popular revocar una resolución que declaró improcedente la solicitud de extinción de la acción penal que interpusieron.
El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido que hizo el partido político Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional) para ser excluido de la investigación preparatoria seguida al congresista José Luna Gálvez y otros por el caso Lava Jato
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió por mayoría declarar infundado el recurso de apelación que presentó la defensa legal de Renovación Popular para revocar la resolución que emitió el juez Ubaldo Callo Deza, el último 6 de enero, en la que declaró "improcedente" la solicitud de extinción de la acción penal que interpusieron, el 14 de junio del 2024, para que dicho partido político fuera excluido en su condición de "persona jurídica" de esta investigación preparatoria.
Mediante una resolución emitida el ultimo 6 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, el tribunal superior determinó por “votación mayoría” de los jueces superiores Víctor Enriquez Sumerinde y William Lugo Villafana, que tras el análisis de los argumentos de este recurso de apelación se concluye que “el deber de motivación de las resoluciones judiciales se da por satisfecha en la resolución venida en grado, conforme a los parámetros que exige el debido proceso, establecidos en el artículo 139.5 de la Constitución”.
El juez superior Arturo Mosqueira Cornejo emitió un voto en discordia en el que se mostró a favor de que se declare fundado el recurso de apelación de Renovación Popular y que se declare la exclusión de este partido político de esta investigación preparatoria.
La defensa legal de dicho partido político presentó esta solicitud de extinción de la acción penal al amparo de la ley 32054, que fue aprobada por el Congreso de la República en junio del 2024, que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos, con lo cual las organizaciones políticas no podrán ser disueltas por los actos ilícitos atribuidos a sus integrantes, sino que estos deberán asumir su responsabilidad de manera individual.
Investigación
El congresista José Luna Gálvez y otros son investigados en la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
El Legislador también afronta otra investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE).
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