Renovación Popular presentó un recurso que pedía la extinción de la acción penal en el proceso que se le sigue por lavado de activos en agravio del Estado. No obstante, la judicatura consideró que no se cumplen los presupuestos para dicho pedido.
El partido Renovación Popular continuará afrontando la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del caso Lava Jato.
Esto a raíz de que el Poder Judicial decidió declarar improcedente la solicitud de dicha organización política, presentada el 14 de junio del año pasado, para que se extinga la acción penal en su contra y sea excluido de dicho proceso en su condición de persona jurídica.
La decisión fue emitida este lunes por el magistrado Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras concluir que no se cumplen los presupuestos para la figura de extinción de la acción penal. La resolución se anunció tras concluirse el debate entre el abogado de Renovación Popular, el Ministerio Público y la Procuraduría, en la audiencia respectiva realizada esta mañana.
#IMPORTANTE | Poder Judicial declara improcedente el pedido de la organización política Renovación Popular para no ser investigado por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Ver: https://t.co/PH4TuoaI5I pic.twitter.com/tPySMmWGlF
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 6, 2025
¿En qué caso viene siendo investigado Renovación Popular?
La defensa legal de Renovación Popular presentó la referida solicitud al amparo de la Ley 32054, la cual fue impulsada por el Congreso de la República y exime de responsabilidad penal a los partidos políticos, en su condición de personas jurídicas, en caso incurran en algún delito. De este modo, las organizaciones políticas no podrán ser disueltas por actos ilícitos atribuidos a sus integrantes, sino que estos deberán asumir su responsabilidad de manera individual.
En base a ello, el partido liderado por Rafael López Aliaga buscaba ser excluido del proceso que se le sigue por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales del entonces Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014. Las investigaciones fiscales apuntan a que dicha agrupación política buscaba darle apariencia de legalidad al dinero ilícito a través de la figura de aportes de campaña.
Cabe resaltar que José Luna Gálvez, congresista de Podemos Perú, también se encuentra inmerso en este caso. A la vez, afronta otra investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político ante la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE).
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