La Ley contra el crimen organizado le da mayores facilidades al Ministerio Público para levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil.
El expresidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, son investigados bajo la La Ley contra el crimen organizado o Ley Nº 30077. El crimen organizado no es un delito en sí mismo, es mas bien una clasificación que le permite al Ministerio Público acelerar las investigaciones en algunos delitos como el lavado de activos cuando hay tres o más personas involucradas.
El juez podrá ordenar de forma reservada e inmediata el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil. También podrá, previa resolución judicial de autorización, interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Estos son los casos de estos dos connotados políticos.
Keiko Fujimori
El Ministerio Público anunció el 28 de septiembre que el fiscal Domingo Pérez dispuso una investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito. El abogado penalista Fernando Ugaz explicó a RPP Noticias los indicios que permitieron abrir este tipo de investigación.
1. El caso cócteles. Según un reporte entregado a la ONPE en 2016, Fuerza Popular recaudó más de 700 mil soles en solo un cóctel privado realizado la noche del 21 de diciembre de 2015.
2. La sociedad LVF Liberty Institute (EEUU) habría transferido a Fuerza Popular US$65 mil en el 2015. La República denunció que dicha institución tenía como apoderado al peruano Juan Carlos Luna Frisancho.
3. Un millón y medio de soles recaudados en rifas donde los ganadores nunca recogieron los premios.
4. Fuerza Popular realizó 46 mítines sin rendir cuentas.
5. Presuntos aportes de Odebrecht en la campaña de 2011, según las anotaciones de Marcelo Odebrecht. En una agenda de Marcelo Odebrecht aparece una frase en la que se menciona a la lideresa de Fuerza Popular. "Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar 500 a Keiko y hacer visita).
Algunos congresistas de Fuerza Popular, como Héctor Becerril, han sido citados por el Ministerio Público para declarar sobre este caso.
Alan García
El diario La República reveló el martes que Alan García es investigado como el líder de una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos. La grave acusación involucra a 31 personas. García luego confirmó esta medida en tuit, donde dijo que la investigación que ya se le seguía por lavado de activos fue ampliada por 36 meses (tres años). El diario explicó que la primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, a cargo del magistrado José Antonio Castellanos Jara, adecuó la indagación a la Ley contra el Crimen Organizado.
El documento, donde señala a García como “el presunto líder de una organización criminal cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos originados en actividades criminales de cohecho (soborno), contra la administración pública y otros". La República especificó que la organización tendría tres niveles de testaferros o "cuadros de confianza". En el primer nivel estarían Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor, José Antonio Chang y Luis Nava (exministros de su segundo Gobierno), así como la exprimera dama Pilar Nores.
Entre septiembre de 2006 y julio de 2011, periodo en el que Alan García fue presidente por segunda vez, el director superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, fue recibido 16 veces en Palacio de Gobierno. En doce ocasiones se entrevistó con el propio García y en tres oportunidades con el entonces Secretario de Palacio, Luis Nava Guibert, según el registro de visitas. También Hildebrandt en sus trece acusó que la ONG de Pilar Nores fue financiada por Odebrecht entre 2006 y 2010.
En el segundo nivel estarían 10 personas, entre ellas Miguel Facundo Chinguel, condenado por el caso de los 'narcoindultos', conmutaciones a narcotraficantes en el segundo Gobierno aprista. En el tercero habría 15 más, que no ocuparon cargos públicos, con lo que se completan los 31.
La mayoría de detenidos por recibir sobornos de Odebrecht fueron funcionarios durante el segundo Gobierno de Lima y están involucrados en el caso del Metro de Lima. Entre ellos están el viceministro de Transportes Elmer Cuba, Edwin Luyo, miembro del comité de licitación de la obra y Miguel Navarro, funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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