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La abogada penalista Romy Chang explicó lo que implica que el proceso por el caso Cócteles retroceda a etapa intermedia y se haya ordenado que se haga una nueva acusación. Esto a raíz del fallo del TC a favor de José Chlimper.
Judiciales
El Poder Judicial declaró fundado el pedido para anular el juicio oral iniciado contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros acusados por el caso Cócteles.
El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori y otros acusados por el caso Cócteles para anular el juicio oral en su contra, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper.
En ese sentido, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso que el caso regrese a la etapa intermedia para que se pueda realizar un nuevo control de acusación, a fin de subsanar las observaciones realizadas por el máximo intérprete de la Constitución.
Pero, ¿qué implica esta decisión judicial respecto a la continuidad del caso? RPP conversó con la abogada penalista Romy Chang sobre lo que ahora le correspondería hacer al Ministerio Público en atención a lo dispuesto hoy, de forma unánime, por el colegiado.
¿Qué pasará ahora con el caso Cócteles?
Romy Chang indicó que el retroceso del caso a la etapa intermedia significa "que la acusación que había planteado el fiscal y que, en un primer momento, el Poder Judicial le había aprobado, ya no va a surtir efecto". Es decir, esta "se ha declarado nula y, por tanto, se ha ordenado que se haga una nueva acusación".
"El Ministerio Público, nuevamente, tiene que hacer una evaluación de todo lo que tiene, y evaluar si, con lo que tiene, realmente puede presentar una acusación que satisfaga lo que, en su momento, dijo el TC, que es que no se había respetado adecuadamente el derecho de defensa de las partes", sostuvo Chang.
En ese sentido, la penalista indicó que todos los actos que se habían programado en el juicio oral, tales como declaración de testigos, ya no serán realizados, porque este fue anulado.
"Significa que todo regresa a la etapa anterior y, por tanto, ya no tiene sentido que las personas sigan acudiendo como testigos a rendir su manifestación. Entonces, vamos a volver a empezar, realmente aquí estamos diciendo que todo el tiempo que se invirtió en las 19 correcciones que hizo la Fiscalía de la acusación, en verdad, va a ser tiempo muerto, porque una vez más va a tener que volver a hacer su acusación", precisó.
Respecto al tiempo que tomaría el Ministerio Público para volver a hacer una acusación, Chang resaltó que esto "podría tardar" y generar que, finalmente, sea archivado, aunque no que prescriba.
"Es difícil que prescriba porque hablamos de un delito bastante grave, como es organización criminal, lavado de activos, tendrían que pasar muchos años. Pero el tema aquí, ojo, es que ya ha habido pronunciamientos del TC anteriormente, como, por ejemplo, en el caso del general Chacón, donde también se dijo que una persona no puede estar procesada a lo eterno, o sea, no es que, porque el delito prescribe en 30 años, nos vamos a demorar 30 años en procesarla, porque el estado natural de las personas no es estar sometidas a un proceso", indicó.
"Aquí el problema es que, lo que están diciendo los órganos constitucionales, es que las deficiencias que genera que todas las 19 acusaciones y subsanaciones hayan sido tiempo muerto son del Ministerio Público. Entonces, ya anteriormente el Tribunal Constitucional ha dicho: ‘cuando es mucho tiempo, vulneras el plazo razonable de un proceso y, por tanto, el caso se debe archivar, sin necesidad de que estés ante un tema de prescripción necesariamente’, acotó.
Fiscal de la Nación debe evaluar "si conviene que se mantenga el mismo fiscal"
Asimismo, Romy Chang consideró que la fiscal de la Nación deberá evaluar si conviene que el mismo fiscal se mantenga a cargo del caso.
"Va a tocar que la cabeza del Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, haga también una evaluación sobre si conviene o no, a efectos del caso y de la estrategia, que se mantenga el mismo fiscal o que cambie de fiscal, porque recordemos que todas las argumentaciones que se han venido planteando ante el TC, en el habeas corpus y así en las diferentes instancias constitucionales han sido por supuestas malas actuaciones del fiscal José Domingo Pérez", señaló.
"Entonces, la pregunta es si realmente tiene sentido que sea el mismo fiscal el que siga llevando el juicio o si es mejor que un fiscal más objetivo, que pueda suplir las deficiencias que habría detectado el Tribunal Constitucional, pueda hacerse cargo de esta nueva presentación de acusación", añadió.
En ese sentido, la abogada consideró que se cometieron errores por parte de la Fiscalía.
"Aquí el fiscal, en la imputación el delito de obstrucción a la justicia, incluyó a los abogados por supuestamente obstruir, donde él era el agraviado. O sea, el fiscal, de alguna manera aquí, yo creo que pisó el palito y se colocó como supuesto afectado en el caso. Entonces, pierdes un poco de objetividad al hacer eso como representante del Ministerio Público, y eso genera una serie de ataques a nivel constitucional", enfatizó.
"Hay que reconocerlo: es algo que ya se veía venir. Desde que se presentó la acusación y hablábamos de tantos testigos, de un proceso que era inviable en la práctica, se veía venir que esta iba a ser la decisión que iba a tomar el Poder Judicial. Entonces, espero que ahora el Ministerio Público, en este segundo chance, realmente esté a la altura de las circunstancias y se pronuncie con objetividad, que creo que es lo que todos los peruanos esperamos en un proceso", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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