El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó parte del reglamento de Reactiva Perú.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó parte del reglamento de Reactiva Perú. | Fuente: Andina

El Gobierno publicó este fin de semana una serie de modificaciones al reglamento del programa Reactiva Perú, destinado a dar préstamos a empresas afectadas económicamente por el estado de emergencia por el nuevo coronavirus. Estas modificaciones se dan luego de  denuncias periodísticas acerca de que empresas vinculadas a casos de corrupción y lavado de activos figuraban entre las beneficiadas, además de una notificación formal hecha por la procuraduría del caso Lava Jato al respecto.

Según una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, se decidió “realizar precisiones sobre los criterios de elegibilidad o exclusión de los préstamos o empresas deudoras para la adecuada supervisión” de Reactiva Perú. Los cambios implican una mayor comunicación entre la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que supervisa el acceso de las empresas a los préstamos del Estado, y la Procuraduría General del Estado (PGE), que cuenta con información de investigaciones de la Procuradurías Anticorrupción, de Lavado de Activos, Lava Jato, etc.

Modificaciones

Una de las modificaciones detalla que Cofide debe verificar que las empresas beneficiadas por Reactiva Perú no estén entre las que deben ser excluidas por estas implicadas en procesos de corrupción a partir de las listas que debe entregarle la Procuraduría General cada mes. Según pudo conocer RPP Noticias, para esto la PGE canalizará toda la información que remita la Procuraduría del caso Lava Jato, Anticorrupción, Lavado de Activos, entre otras, sobre las empresas que investigan y sus representantes para reportarlas a Cofide para su verificación.

La resolución ministerial la da facultades a Cofide para que pueda pedir información sobre empresas investigadas, al implementar un mecanismo de colaboración que permita solicitar al Poder Judicial, Fiscalía, la PGE y otras entidades competentes acceder “a las bases de datos de personas naturales y/o jurídicas que estén siendo sometidas a procesos penales por actos de corrupción y delitos conexos”. Además, las empresas que postulen al préstamo deberán establecer en declaraciones juradas que ninguno de sus representantes acreditados ante los bancos “se encuentra sometido a procesos por delitos de corrupción y conexos”.

Alertas desde Procuraduría

Estos cambios en las normas de Reactiva Perú ocurren luego de denuncias periodísticas sobre la inclusión de empresas vinculadas a casos de corrupción y lavado de activos en la lista pública de empresas beneficiadas con préstamos. A mediados de junio, la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, notifico al MEF sobre al menos seis empresas vinculadas a este caso de corrupción en la lista de Reactiva Perú -entre estudios de abogados y empresas consultoras- con préstamos por más de 17 millones de soles.

Estos hallazgos se comunicaron al MEF y a Cofide “a efectos de que se ajusten estas verificaciones o los filtros que se deben hacer para financiar con créditos o garantías del Estado a empresas que están vinculadas a procesos de corrupción”, comentó la procuradura Silvana Carrión a RPP Noticias el pasado 20 de junio tras informar sobre esta notificación. Según advirtió el medio de investigación Ojo Público, el primero en reportar sobre estos cuesionamientos en la lista de Reactiva Perú, además de empresa vinculadas al caso Lava Jato se detectó otras relacionadas al caso ‘Panama Papers’.