El juez Jorge Chávez Tamariz concedió 24 horas para que el Ministerio Público entregue toda la nueva documentación a los abogados de los imputados. La solicitud de prisión preventiva fue hecha por el fiscal Carlos Puma, del equipo Lava Jato, contra la exalcaldesa de Lima y otros investigados por 36 meses.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, reprogramó para este martes a las 9 de la mañana la audiencia en la que se decidirá el pedido de 36 meses de prisión preventiva hecho por el fiscal Carlos Puma (miembro del equipo especial del caso Lava Jato) contra la exalcaldesa de Lima por los aportes de OAS y Odebrecht a la campaña del No a la revocatoria.
El motivo de la reprogramación es que los abogados de los imputados puedan revisar la nueva documentación del Ministerio Público. Inicialmente la defensa técnica solicitó el plazo de 48 horas; sin embargo, el magistrado calificó de "excesivo" este pedido. Por este caso, Susana Villarán es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias, colusión y asociación ilícita para delinquir.
La audiencia se desarrollará en el edificio Carlos Zavala Loayza del Poder Judicial, ubicado al lado del Palacio de Justicia. La solicitud del Ministerio Público también es para los exfuncionarios José Miguel Castro, Gabriel Prado, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga. Susana Villarán ya cumple con una orden de comparecencia restringida por esta investigación, parte del caso Lava Jato en Perú, desde agosto del año pasado.
Las imputaciones
En el caso de Susana Villarán y sus coinvestigados, la Fiscalía le imputa a su gestión haber solicitado y recibido dinero de Odebrecht y OAS -empresas que tenían las concesiones de los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla con la Municipalidad- para sus campañas. Según la investigación, fueron US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 3 millones de OAS para para el No a la revocatoria, además de US$ 4 millones de OAS para su campaña de reelección. Se le imputa a José Miguel Castro, exgerente municipal, haber hecho los pedidos.
Desde que el caso salió a luz y se inició la investigación en el 2017, Susana Villarán negó en todo momento haber solicitado los aportes o haberlos recibido. Sin embargo, la exalcaldesa finalmente admitió este sábado, mediante un comunicado en redes sociales, que siempre supo de estos. Según ella, fue un error pero lo hizo para “impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima”. Al día siguiente, el dominical Cuarto Poder difundió un audio grabado por Gabriel Prado en el que él, Villarán y Castro hablan sobre el dinero de Odebrecht.
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