En diálogo con RPP Noticias, el jefe del INPE, Carlos Romero, informó que durante la mañana la Junta Técnica de Clasificación definirá el centro penitenciario, haciéndose efectivo el traslado en horas de la tarde.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Romero, informó que la Junta Técnica de Clasificación de su institución ya está reunida para analizar el caso de la exalcaldesa Susana Villarán y definir en qué penal cumplirá los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.
“Esta mañana la Junta Técnica de Clasificación determinará régimen que le corresponde y el establecimiento penitenciario a la cual la conducirán. Esta junta técnica es autónoma y está constituida por un abogado, un psicólogo y una trabajadora social”, dijo a RPP Noticias.
“En la mañana, realizan la clasificación y en la tarde se la conducirá al establecimiento penitenciario que le corresponde. La clasificación se realiza entre las 9 a.m. y las 2 p.m., y posteriormente se realiza la conducción a los establecimientos penitenciarios que determine la junta”, sentenció.
El funcionario aclaró que el INPE no dará un trato diferenciado a Villarán de la Puente, pese a que fue alcaldesa de Lima. “Nosotros brindamos un tratamiento por igual a las 93 mil 700 personas privadas de libertad que están en las 69 cárceles del país”, refirió.
Al ser consultado sobre su opinión de la medida impuesta a la exalcaldesa, Romero Rivera se limitó a decir que el INPE cumple con los mandatos judiciales. Sin embargo, apuntó que en la actualidad el 39 % de la población penitenciaria está bajo el régimen de prisión preventiva. O sea, sin sentencia definitiva.
El juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán en el marco de la investigación que se le sigue por los aportes de las constructoras brasileras Odebrecht y OAS a sus campañas por el NO a la revocatoria (2013) y para su reelección (2014).
El plazo solicitado por el fiscal Carlos Puma fue de 36 meses, pero para el juez “existe un gran avance en la investigación” y las diligencias e información pendiente -según su criterio- se pueden conseguir dentro de “un plazo razonable”.
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