Las descoordinaciones al interior del Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’ quedaron expuestas en las últimas semanas, llegando incluso a verse en peligro partes de la investigación. En esta nota te explicamos qué ocurrió.
Por: Melissa Barrenechea Arango y Víctor Reyes Parra
El caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ ha sacudido desde mediados del 2018 el panorama político y judicial del Perú. Con un efecto solo comparable al caso ‘Lava Jato’, esta investigación reveló audios entre jueces, fiscales, abogados, empresarios y consejeros del hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura y dio cuenta de una presunta red de corrupción entre estos actores, cuyo completo alcance aún está por revelarse.
Con investigados de distintas jerarquías judiciales como el ex juez supremo César Hinostroza, el ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos o el exconsejero del CNM Julio Gutiérrez Pebe, esta trama y su investigación son bastante complejas.
A diferencia del Equipo Especial Lava Jato, donde el fiscal superior Rafael Vela actúa de coordinador entre siete fiscales provinciales como José Domingo Pérez, Germán Juárez o Geovanna Mori, el Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’ está conformado por fiscales de diferente jerarquía, como Rocío Sánchez y Sandra Castro a nivel provincial, el fiscal supremo adjunto Jesús Fernández y el fiscal supremo titular Pablo Sánchez.
Estos cuatro nombres son claves para entender las descoordinaciones al interior de este equipo especial del Ministerio Público que, en la última semana, han sacudido al caso y que llevaron a la reciente designación de un coordinador general.
1. Un inesperado pedido de prisión preventiva
A finales de agosto, la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo adjunto Jesús Eliseo Fernández, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Pablo Morales Vásquez y Miguel Ángel Torres Reyna, exasesores del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. La audiencia, a cargo del juez supremo Hugo Núñez Julca, se realizó el 3 de septiembre.
Durante esa audiencia, Pablo Morales Vásquez, quien fuera asesor del exconsejero del CNM Orlando Velásquez, reveló que era aspirante a colaborador eficaz en una investigación de la fiscal Rocío Sánchez dentro del mismo caso ‘Cuellos Blancos’. Ante el juez y ante la audiencia de JusticiaTV, Morales indicó que el pedido de prisión preventiva del fiscal Fernández revelaba “la falta de coordinación e intromisión de la Fiscalía Suprema Transitoria en una investigación reservada que maneja la doctora Rocío Sánchez”.
Morales responsabilizó al fiscal Fernández de haber expuesto su código de aspirante a colaborador eficaz y aseguró que sus delaciones habían originado hasta nueve nuevas casos dentro de la trama de los ‘Cuellos Blancos’.
“He asistido más 300 veces a la Fiscalía a dar declaraciones, dar WhatsApp, dar documentación y correos. ¿Acaso eso no es relevante para el esclarecimiento de los hechos? Le pido que considere esta intromisión del fiscal Fernández para tratar de acallar o silenciar. No sé qué propósito tiene de entrometerse en una investigación reservada y que hoy da frutos”, dijo ante el juez Núñez Julca, quien al final de la audiencia rechazó el pedido del fiscal Fernández y dictó comparecencia con restricciones para Morales y Torres.
2. Los chats de Rocío Sánchez
Pocos días después, el 6 de septiembre, el dominical Panorama difundió un chat de WhatsApp entre Rocío Sánchez y Carlo Magno Salcedo, abogado vinculado al Partido Morado. En la conversación, Salcedo le consultó a la fiscal Sánchez sobre una llamada que recibió su defendido Julio Guzmán de la Fiscalía. Tanto Salcedo como Guzmán son testigos en una investigación sobre la presunta extensión de la influencia de los ‘Cuellos Blancos’ en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Esta conversación entre Carlo Magno Salcedo y Rocío Sánchez fue criticada por los fiscales José Domingo Pérez, quien investiga a Guzmán dentro del caso Odebrecht, y Sandra Castro, también a cargo del caso ‘Cuellos Blancos’. Ella declaró a Panorama que le “apenaba” ver este tipo de “coordinaciones”. El chat también originó que la Oficina de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público abriera una indagación preliminar de oficio contra Sánchez Saavedra.
3. Sandra Castro, nueva coordinadora provincial
A través de la resolución Nº 983-2020-MP-FN, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso a la fiscal Sandra Castro como Coordinadora de los despachos fiscales que integran la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Es decir, la fiscal Castro pasó a ser la coordinadora del primera nivel (nivel provincial) del caso ‘Cuellos Blancos’. Hasta entonces, Castro era fiscal adjunta de Rocío Sánchez.
Dicha resolución tiene fecha del 7 de septiembre, al día siguiente de la difusión del chat entre la fiscal Rocío Sánchez y Carlo Magno Salcedo, pero fue publicada en el diario oficial El Peruano recién el miércoles 9.
Como la nueva coordinadora, se le encargó a Castro realizar el inventario de todas las carpetas existentes y que proceda a asignarlas a cada uno de los tres despachos fiscales para la continuación de las investigaciones.
La resolución resalta que el caso es uno de los “más complejos de los últimos tiempos” y que si bien la mayor cantidad de actos de investigación se concentra en el primer nivel (Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao), solo la fiscal Rocío Sánchez se dedicaba al caso. Es así que por “necesidad y urgencia” se refuerza este nivel con la incorporación de la fiscal Sandra Castro, al primer despacho, y la fiscal Roxana Jáuregui, al tercer despacho.
Según Ávalos, se decidió por fortalecer la primera instancia, luego de que el fiscal superior Víctor Tullume y el fiscal supremo Jesús Fernández reportaran que la información no llegaba oportunamente a sus niveles. “La doctora Rocío ve temas de empresarios, terceros, la instancia del doctor Tullume ve temas de jueces y fiscales de primera instancia, el doctor Fernández ve temas de superiores y el doctor Pablo Sánchez ve las carpetas que el doctor Chávarry se inhibió”, explicó Ávalos en Canal N. En esa línea, dijo que frente a los informes de Tullume y Fernández, decidió fortalecer el primer nivel. “Es mejor tres fiscales que uno”, dijo.
4. Las amenazas de renuncias
Tras la designación de Castro como coordinadora, Rocío Sánchez dijo que se le abrió un nuevo proceso disciplinario, luego de que Castro se quejara de que no había entregado en 48 horas las carpetas de los casos de los ‘Cuellos Blancos’. Sánchez dijo que, al ser muy complejo, necesitaba más de 48 horas para entregar el material, cumpliendo con todas las formalidades. “No estoy entregando una agenda, estoy entregando un proceso de investigación”, afirmó a Perú21. Añadió que en ese proceso de entrega, la fiscal coordinadora Sandra Castro también le pedía los 12 cuadernos de colaboración eficaz, con lo cual ella no estaba de acuerdo.
“No son cuadernos auxiliares del proceso principal, que es como interpreta la fiscal Castro. Si yo entrego el proceso principal, ¿tengo que entregar el cuaderno de colaboración? Esa es una interpretación errada que no se condice lo que dice la norma”, afirmó Sánchez.
La fiscal Castro expresó que el nombramiento de su adjunta como coordinadora y la insistencia para que entregue las carpetas del caso ‘Cuellos Blancos’, le hacían pensar que en los hechos la estaban desplazando de la investigación. “Si están desplazando a la fiscal del caso, por falta de confianza, porque así es la función de la coordinación, que se me diga eso directamente”, declaró y añadió que estaba evaluando renunciar al caso.
Hasta el cierre de este informe, la fiscal Sánchez permanece en su puesto.
5. Pedidos sin respuesta
La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público, a través de la Resolución Nº 1059-2020-C.I.LIMA del 28 de septiembre, informó que ampliaba la indagación preliminar a la fiscal Rocío Sánchez. Esto luego de quejas de los fiscales Víctor Tullume y Jesús Fernández, reportadas por el diario La República el día anterior.
Según el documento al que RPP Noticias tuvo acceso, el fiscal Tullume le había pedido a la fiscal Sánchez actas de transcripción de registro de comunicaciones y copias de grabaciones en audios. “Sin embargo, no ha dado cumplimiento en forma oportuna a los mismos, pese a reiterados pedidos e incluso coordinados vía WhatsApp”, se lee en el documento. Tampoco había contestado pedidos de intercambio de información, en relación a investigados y delitos, con el fin de evitar la duplicidad de investigación.
En la misma línea, Fernández -según el documento- se habría quejado con la fiscal de la Nación de que Sánchez no le habría comunicado que Pablo Morales Vásquez y Miguel Ángel Torres Reyna, para quienes había pedido prisión preventiva, estaban en la condición de aspirantes a colaboradores eficaces. “En tal sentido, se cuestiona a la Fiscal Provincial, una presunta infracción administrativa, por no cumplir con lo dispuesto por sus superiores jerárquicos, al no haber atendido de manera oportuna la información solicitada, lo que además origina retrasos en las investigaciones a cargo de los otros despachos fiscales”, se lee en la resolución.
6. Fiscales Castro y Fernández defienden que el caso no se cae
Las descoordinaciones en el trabajo de los fiscales del caso ‘Cuellos Blancos’ habían quedado expuestas. De un lado, la evidente incomodad de la fiscal Sánchez y la posición de un aspirante a colaborador eficaz que señaló en el dominical Cuarto Poder que podía dejar el proceso. Del otro lado, los fiscales Sandra Castro y Jesús Fernández salieron a defender en medios de comunicación que el caso no se iba a caer.
En Nada está dicho de RPP Noticias, el fiscal supremo adjunto Jesús Fernández negó presiones a la fiscal provincial Sánchez y admitió que lo que faltaba era coordinación entre las distintas instancias de la investigación. Se mostró optimista en que Sánchez no renuncie y dijo que no le estaban quitando el caso, solo que le estaban pidiendo todas las carpetas para que luego sean distribuidas equitativamente entre ella, Castro y la fiscal Roxana Jáuregui.
“Creo que nos falta un poco más de coordinación. Somos muy celosos con nuestras investigaciones. El caso Cuellos Blancos se complica, porque son hasta cuatro instancias”, dijo. También insistió que “si un colaborador desiste de ser colaboración o fracasa en su colaboración no es que como se dice que todo se pierde. Eso es falso”.
En Canal N, la fiscal Castro dijo que le causaba gracia la amenaza de renuncia de un aspirante a colaborador eficaz y enfatizó que los casos no son de los fiscales, sino de la institución. “Lo que pasa es que hay personas a las que no le gusta trabajar en equipo”, declaró. En esa línea, dijo que su trabajo de coordinadora era poner orden “para que no exista la disconformidad de los fiscales superiores, supremos, que porque no reciben la información. Es por ello que como no son informados hacen requerimientos de prisión preventiva contra una persona que es postulante a colaborador eficaz en el primer nivel”, dijo.
Consultado por estas diferencias en un caso emblemático de corrupción infiltrada en el ámbito judicial, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva opinó en RPP Noticias que se evidencia “una mala aplicación del proceso de colaboración eficaz”.
“Uno de los aspirantes manifiesta, haciendo un alarde de suficiencia, que todo lo que se conoce es gracia a la delación que ha hecho. Eso no es cierto totalmente, porque la dimensión del problema se conoce a raíz de la difusión de los audios. El colaborador en su real papel tiene que entregar información que permita corroborar, comprobar lo que ya es conocido por medio de los audios y eso no está ocurriendo”, señaló.
Asimismo, dijo que no respaldaba que “una fiscal amenace con renunciar” y que la función fiscal exige que se trabaje con ponderación y equilibrio para conseguir el objetivo, que es un obtener la sanción que la ley establece. En ese sentido, volvió a referirse sobre el proceso de colaboración eficaz: “Hay un error de tramite porque los arrepentidos no pueden salir a decir que si ellos desistan la investigación cae. Eso no es cierto plenamente. Ellos son colaboradores que están sujetos a un conjunto de obligaciones y los beneficios que ellos pueden tener solo lo pueden lograr cuando ellos hayan logrado la aprobación del acuerdo. Se deja vislumbrar hay un retraso en el trámite del proceso de colaboración eficaz”, dijo.
7. El nuevo coordinador general y la reunión con las fiscales
Con las evidentes descoordinaciones al interior de los distintos niveles del Equipo Especial ‘Cuellos Blancos, la fiscal de la Nación decidió finalmente nombrar a un coordinador. El elegido fue el fiscal supremo Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación y el miembro de más alto rango dentro del equipo especial. Al menos públicamente, Sánchez Velarde se había mantenido ajeno a los entredichos entre los otros fiscales.
La designación de Pablo Sánchez se dio a conocer la noche del 1 de octubre a través de una resolución en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. En el documento firmado por Zoraida Ávalos, se resalta la necesidad de “establecer una coordinación general que se encargue de articular con todos los niveles de despachos fiscales” para obtener resultados en las investigaciones vinculadas a este caso emblemático.
Al día siguiente, Pablo Sánchez emitió un comunicado en el que reveló que se enteró de su nuevo rol a través de El Peruano, pero anunció que aceptaba el encargo “en un momento de extrema complejidad al interior de este equipo especial”, incluso si eso le signifique “ser expuesto a los más duros ataques de los investigados, una vez más”.
En el mismo pronunciamiento, informó que en su primer día en el puesto se había reunido con las fiscales del caso para establecer “una reasignación de carpetas aceptadas” por ellas y para establecer un cronograma de trabajo con plazos para resultados, “solicitándoles el cumplimiento de algunos objetivos para diciembre de este año”. También le solicitó “muy respetuosamente” a la Fiscal de la Nación que defina las atribuciones de su cargo como coordinador general.
El nuevo coordinador designó al fiscal supremo adjunto Martín Salas, integrante de su despacho y conocido por lograr una sentencia contra Alex Kouri, como su delgado “para realizar permanente seguimiento y monitoreo de cumplimiento de objetivos y compromiso”. “Ambas fiscales se han comprometido a trabajar por la institución, en equipo y bajo el principio de confianza”, agregó Pablo Sánchez, en referencia a Sandra Castro y Rocío Sánchez.
La mano de Pablo Sánchez dentro del caso también se vio este martes, cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema aceptó el desistimiento respecto al pedido de prisión preventiva contra los exasesores Pablo Morales Vásquez y Miguel Ángel Torres.
El fiscal Jesús Fernández había apelado para insistir en que se dicte prisión preventiva contra ambos aspirantes a colaboradores, pero Pablo Sánchez, su superior y el encargado de sustentar el pedido en segunda instancia, decidió no hacerlo. Ni el fiscal Sánchez ni nadie de su despacho participó en la audiencia, pero en la misma se leyó un escrito en el que el nuevo coordinador general del caso Cuellos Blancos indicaba que la comparecencia con restricciones era suficiente para ambos investigados. Ni ellos ni sus abogados se opusieron.
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