El juez de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, consideró que el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas ha tenido una conducta "beligerante" frente a la investigación que se le sigue por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.
El juez de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, declaró fundado el requerimiento de prolongación del impedimento de salida del país por 12 meses contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.
En su resolución, el magistrado señaló que la pesquisa "ha permitido al Ministerio Público recabar más elementos de convicción respecto a los hechos incriminados, los cuales han derivado en considerar presuntamente a Tomás Aladino Gálvez Villegas como parte integrante de una organización criminal, lo cual haría generar un legítimo temor de afrontar una condena tan grave como la establecida para dicho ilícito".
"En tal sentido, aun cuando el investigado haya manifestado su voluntad de someterse a la persecución penal, por ser él el más interesado en que todo se esclarezca, de todo lo expuesto se concluye que existe riesgo razonable de que pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal", se lee en el texto judicial.
Además, el juez considera que el suspendido fiscal supremo ha tenido una "conducta beligerante" frente a la investigación que se le sigue, al presentar una denuncia constitucional ante el Congreso contra su colega Pablo Sánchez, quien se encarga de indagarlo por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.
En noviembre del año pasado, el Poder Judicial impuso impedimento de salida del país por ocho meses contra Gálvez Villegas, acusado por presunto tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal en agravio del Estado.
El último 14 de julio, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), resolvió suspender al fiscal supremo Tomás Gálvez por un periodo de 6 meses.
Tomás Gálvez es actualmente investigado por el caso 'Los cuellos blancos del puerto', presunta organización integrada por fiscales, jueces y abogados que habrían beneficiado a sus conocidos con fallos, o puestos en cargos públicos a cambio de favores o altas cifras de dinero.
Parte de estos acuerdos, que salieron a la luz hace dos años, fueron registrados a través de escuchas telefónicas a llamadas realizadas entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces y fiscales, audios que mostrarían presuntos casos de corrupción.
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