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por Julio Cisneros
·El hermano de la presidenta Dina Boluarte es investigado por ser parte de una presunta organización criminal que habría captado a personas para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional.
Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, continuará investigado en el Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.
Ello, debido a que el juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó Boluarte para que se archive dicho delito.
La defensa legal del hermano de la mandataria alega que los hechos que se le imputan a su patrocinado no superarían el estándar establecido por el delito de organización criminal, al amparo de la Ley 32108, pues el entramado criminal no presentaría una estructura compleja y los delitos fines en su extremo mínimo no superarían los 6 años de pena privativa de la libertad.
No obstante, el magistrado determinó que debe descartarse la aplicación de la Ley 32108 al presente caso concreto, en vista de que se trataría de una ley anterior al momento en que se produjeron los hechos materia de imputación.
Asimismo, precisa que el planteamiento de la defensa técnica del investigado supondría una aplicación ultractiva de la ley penal, lo cual está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.
“En buena cuenta, aplicar la ley 32108 al presente caso concreto importaría aplicar una ley penal derogada a hechos que vienen ocurriendo más allá de su vigencia; es decir, se trataría de una aplicación ultractiva de la ley penal, no aceptada por nuestra normatividad penal”, precisó el letrado.
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‘Los Waykis en la Sombra’
Como se recuerda, Nicanor Boluarte también es investigado en la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias dentro de esta investigación preparatoria.
De acuerdo con la tesis fiscal, ‘Los Waykis en la Sombra’ es una presunta organización criminal que habría captado a personas alienadas a los intereses de esta red criminal para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional.
Ello, con el fin de recabar fichas de afiliación y brindar aportes económicos para la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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