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La nueva directiva autoriza a los oficiales a detener a venezolanos sospechosos de terrorismo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pese a críticas por limitar el debido proceso.
Una directiva emitida bajo la administración Trump autoriza a los agentes de ICE a ingresar a domicilios sin necesidad de una orden judicial para detener a migrantes venezolanos, amparados en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. El documento, obtenido en exclusiva por USA TODAY, expone cómo el gobierno busca implementar esta normativa de 1798 en su lucha contra presuntos miembros del Tren de Aragua, clasificado recientemente como grupo terrorista.
El memorando, firmado el 14 de marzo por Pam Bondi, titular del Departamento de Justicia, faculta a los oficiales a realizar registros domiciliarios en caso de sospecha razonable, sin necesidad de presentar una orden ante un juez. Esta directiva da un giro significativo a los procedimientos migratorios, ya que limita las vías legales que los inmigrantes tenían para cuestionar su detención o deportación.
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La nueva estrategia de Trump
La orden ejecutiva marca una aplicación inédita de la Ley de Enemigos Extranjeros, permitiendo acciones inmediatas contra personas clasificadas bajo este término. Según la Guía de Validación de Enemigos Extranjeros, se considera enemigo a cualquier persona mayor de 14 años que no posea ciudadanía estadounidense ni residencia legal y que sea originaria de Venezuela o tenga presuntos vínculos con el Tren de Aragua.
Bajo esta definición amplia, ya se han registrado las detenciones y deportaciones de más de 200 hombres trasladados a El Salvador, en muchos casos basándose únicamente en tatuajes o características físicas que, según autoridades, sugieren pertenencia al grupo criminal. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que esta política obstaculiza el acceso al debido proceso y expone a los inmigrantes a condiciones carcelarias severas en centros como el CECOT.
Críticas por limitaciones al derecho de apelación
Aunque la Corte Suprema permitió que la administración Trump expulsara a extranjeros bajo esta ley, estableció salvaguardias mínimas, como la notificación previa y un tiempo razonable para apelar mediante Hábeas Corpus. No obstante, el gobierno anunció que solo otorgará 12 horas para presentar dicha apelación tras la notificación de expulsión.
Expertos en derecho migratorio han advertido que este plazo es insuficiente para contactar a un abogado y organizar una defensa efectiva, incrementando el riesgo de deportaciones erróneas. Además, la Suprema Corte aún debe pronunciarse sobre si la Ley de Enemigos Extranjeros concede realmente al presidente una autoridad tan amplia para actuar contra presuntos miembros de organizaciones extranjeras.
El debate sigue abierto mientras aumentan las detenciones y las críticas sobre las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los inmigrantes afectados por esta política de la administración Trump.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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