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La Corte Suprema permitió al presidente aplicar una ley de guerra para expulsar a inmigrantes venezolanos mientras se resuelve el fondo del caso.
Con una votación dividida, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló el pedido del presidente Donald Trump para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en procesos de deportación contra inmigrantes venezolanos. Esta decisión permite al Ejecutivo reactivar una normativa de tiempos de guerra que ya había sido suspendida temporalmente por una instancia judicial inferior. El fallo provocó reacciones inmediatas tanto de sectores que aplauden una política migratoria más estricta como de organizaciones que denuncian vulneraciones a los derechos humanos.
El pronunciamiento del máximo tribunal autoriza la continuidad de las deportaciones mientras se resuelve el fondo del caso, pero establece una condición: los inmigrantes detenidos deben tener acceso a audiencias judiciales en un “plazo razonable”. Esta exigencia modera, en parte, el impacto inmediato de la medida, aunque no frena la ejecución de las expulsiones que ya comenzaron a materializarse.
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Corte dividida y voto conservador decisivo
El fallo fue aprobado con una ajustada mayoría de 5 a 4, evidenciando nuevamente la fuerte polarización dentro del Poder Judicial estadounidense. La decisión se inclinó gracias al bloque conservador, cuyas posturas han sido clave en decisiones migratorias recientes. En este caso, se aceptó la solicitud urgente del mandatario para revivir la legislación, cuyo uso había sido bloqueado por el juez James Boasberg, quien argumentó que no se cumplían las garantías mínimas del debido proceso.
Los sectores críticos han calificado la medida como un retroceso en materia de derechos civiles. Diversas organizaciones aseguran que aplicar esta ley a ciudadanos venezolanos —sin que existan cargos criminales— vulnera el principio de presunción de inocencia y refuerza un enfoque xenófobo en la política migratoria de Trump.
Una ley de guerra como herramienta migratoria
La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada durante la Segunda Guerra Mundial para permitir la deportación de individuos considerados peligrosos en contextos bélicos. Aunque su uso ha sido históricamente excepcional, la administración Trump la invocó el pasado 15 de marzo argumentando que ciertos inmigrantes representan amenazas latentes a la seguridad nacional.
Ese mismo día, a pesar de la orden judicial que bloqueaba su ejecución, tres aviones fletados por el gobierno estadounidense partieron desde Texas con destino a El Salvador. A bordo viajaban aproximadamente 200 venezolanos, quienes fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad. El hecho generó preocupación tanto por el uso del Cecot como por la rapidez en la ejecución de las expulsiones.
Reacciones y tensiones en el ámbito internacional
Las consecuencias diplomáticas de esta medida no se hicieron esperar. Gobiernos latinoamericanos, organismos de derechos humanos y asociaciones migratorias han condenado la decisión, señalando que se trata de una estrategia que criminaliza la inmigración forzada y desprotege a quienes huyen de crisis políticas y humanitarias.
Mientras tanto, en el plano interno, la decisión fortalece el discurso de seguridad nacional que Trump ha promovido en su campaña electoral. Sus simpatizantes celebran la acción como una muestra de autoridad, mientras que sus críticos advierten sobre el precedente que sienta el uso de leyes bélicas para fines migratorios.
A medida que el caso continúa su curso en instancias judiciales, la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros permanece activa, sumando tensión a un debate ya de por sí cargado en el año electoral estadounidense.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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