El fiscal general de Florida amenazó con destituir al alcalde de Orlando por seguir políticas proinmigrantes. ¿Qué dice la ley estatal y qué respuesta dio la ciudad?
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha lanzado una seria advertencia al alcalde de Orlando, Buddy Dyer, por continuar implementando políticas que protegen a inmigrantes, conocidas como “ciudades santuario”, a pesar de estar prohibidas en el estado. En una carta enviada el lunes 14 de abril, Uthmeier sugiere que el alcalde podría ser destituido de su cargo por violar la ley estatal.
La disputa se centra en comentarios recientes del alcalde Dyer durante una reunión del consejo municipal, donde reafirmó que el Departamento de Policía de Orlando no actuaría de forma proactiva en la aplicación de leyes migratorias. En su lugar, seguirían los lineamientos de la Trust Act, una política local que busca proteger los derechos de los inmigrantes y fomentar la confianza con las comunidades.
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Today, I sent a letter to @orlandomayor reminding him that the sanctuary policy adopted by the city in 2018, the ‘Trust Act,’ is void under a 2019 law signed by @GovRonDeSantis.
— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) April 14, 2025
If the city enforces the policy as Mayor Dyer suggested, especially with @OrlandoPolice signing a… pic.twitter.com/InLAJRIDeQ
La Trust Act vs. la ley estatal de Florida
Según el fiscal general, esta política municipal es inválida desde hace seis años, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la ley que prohíbe las políticas de “ciudad santuario” en todo el estado. “El cumplimiento de esta ley no es opcional”, advierte Uthmeier en su misiva, en la que también deja entrever acciones legales más severas.
La carta generó una reacción inmediata. La comisionada del Distrito 4, Patty Sheehan, expresó su preocupación a través de un mensaje de texto enviado al periodista Tony Atkins de WESH 2: “Vi la carta y me angustia. Los inmigrantes deberían tener derecho al debido proceso”.
Hasta el momento, se espera una respuesta oficial del alcalde y otros líderes de la ciudad. Sin embargo, el caso ya genera tensión entre las políticas locales que buscan proteger a las comunidades inmigrantes y el cumplimiento estricto de la ley estatal promovida por la administración DeSantis.
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