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La suspensión del uso de cámaras en redadas migratorias ha generado preocupación entre activistas y expertos en derechos humanos en EE.UU.
Las cámaras corporales implementadas en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en EE.UU. dejaron de utilizarse de manera repentina. Esta decisión, que también afecta a la Patrulla Fronteriza, ha despertado inquietudes en torno a la transparencia y el control de las intervenciones migratorias. Mientras que las agencias justifican la medida por motivos de seguridad, organizaciones proderechos humanos temen que se pierda un mecanismo clave de rendición de cuentas.
El uso de cámaras corporales fue promovido como una estrategia para documentar los procedimientos y prevenir posibles abusos; pero ahora, sin previo aviso, estos dispositivos han sido retirados de las operaciones. La medida ha generado preguntas sobre su impacto en la supervisión de las redadas y el trato a los detenidos.
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Preocupaciones de seguridad
Un comunicado interno dirigido a los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza anunció la suspensión inmediata del uso de cámaras corporales en todas las actividades operativas. Según el documento, la decisión responde a riesgos detectados en el uso de esta tecnología, lo que ha llevado a un cambio en los protocolos de seguridad.
Fuentes cercanas al caso han revelado que la tecnología de las cámaras podría haber sido utilizada para rastrear la ubicación de los oficiales en tiempo real. En foros y redes sociales como Reddit, algunos usuarios compartieron métodos para detectar señales emitidas por estos dispositivos, lo que, según expertos, comprometía la seguridad de los agentes. Herramientas de detección de Bluetooth de bajo consumo permitían localizar cámaras a una distancia de hasta 100 metros, lo que representaba un riesgo en operativos encubiertos.
Temor a ataques y exposición de agentes
Más allá de la filtración de información sobre las cámaras, las agencias de seguridad han expresado preocupación por la posibilidad de que las señales emitidas sean utilizadas para ejecutar ataques contra los oficiales. Expertos en seguridad advierten que las transmisiones de los dispositivos podrían ser interceptadas y empleadas como detonadores de artefactos explosivos improvisados, lo que pone en peligro no solo a los agentes, sino también a los civiles en las zonas de operación.
Las redadas del ICE suelen realizarse en entornos de alta tensión, donde la exposición prematura de los oficiales podría alterar el resultado de la misión. La decisión de retirar las cámaras busca mitigar estos riesgos, aunque esto signifique una menor supervisión de las acciones de los agentes en el campo.
Impacto en la transparencia y control de abusos
La eliminación de las cámaras representa un retroceso en los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas en las intervenciones migratorias. En los últimos años, ICE había impulsado el uso de estos dispositivos como una forma de demostrar que sus operativos se realizaban dentro del marco legal y sin vulnerar derechos humanos. Sin embargo, ahora el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad operativa y la transparencia.
Diversas organizaciones han expresado su preocupación por el riesgo de que, sin cámaras, las denuncias de abuso por parte de agentes sean más difíciles de comprobar. La medida ha generado críticas de activistas, quienes consideran que la suspensión podría allanar el camino para prácticas más opacas y menos fiscalizadas.
Evaluación de nuevas tecnologías
La suspensión del uso de cámaras no es definitiva. Se ha informado que se llevará a cabo una evaluación de la amenaza detectada y se estudiarán alternativas tecnológicas que permitan mejorar la seguridad de los agentes sin comprometer la supervisión de sus acciones. Entre las opciones consideradas se encuentran dispositivos con mejores protocolos de encriptación y sistemas que limiten la exposición de señales.
Mientras tanto, el debate sobre la transparencia en las operaciones del ICE continúa. La medida ha puesto sobre la mesa la difícil tarea de equilibrar la seguridad de los agentes con la obligación de rendir cuentas ante el público y las organizaciones de derechos humanos.
Créditos vídeo: YouTube | @vanguardiamedia/shorts.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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