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California, que es considerado un estado santuario, ahora compartirá datos con ICE en ciertos casos de liberación anticipada de detenidos.
En una decisión que ha generado impacto a nivel nacional, el gobierno de California anunció una nueva política migratoria que rompe con su tradición de oposición a ICE. La administración del gobernador Gavin Newsom informó que comenzará a compartir información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) únicamente en situaciones específicas vinculadas a liberaciones anticipadas de inmigrantes detenidos.
El anuncio representa un cambio significativo para un estado que por años ha mantenido una postura de resistencia frente a las acciones del gobierno federal en materia de inmigración. Esta colaboración puntual responde a la creciente presión por parte de ciertos sectores que cuestionaban la seguridad pública ante la posible liberación de personas con antecedentes delictivos o vínculos con actividades criminales.
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Nueva política migratoria tras el plan de liberación anticipada
El detonante de esta medida fue un plan de liberación anticipada de inmigrantes detenidos que desató una ola de críticas. A raíz de esta propuesta, la administración de Newsom optó por permitir que ICE sea notificado únicamente cuando las personas por liberar representen un potencial riesgo para la comunidad. Este enfoque busca equilibrar el respeto por los derechos de los inmigrantes con la preocupación ciudadana por la seguridad.
Un precedente para otros estados en la relación con ICE
Aunque el cambio no implica una cooperación total con ICE, marca un precedente importante en la política migratoria de California y podría influir en decisiones similares en otras partes del país. Según el gobierno estatal, esta acción puntual no elimina la condición de santuario, pero redefine sus límites en contextos de riesgo. Para muchos, este paso podría abrir la puerta a nuevas formas de interacción entre gobiernos estatales y federales en materia migratoria.
La decisión fue calificada por algunos defensores de derechos de los inmigrantes como una concesión peligrosa, mientras que otros la ven como una estrategia pragmática ante los desafíos de mantener comunidades seguras. El propio Newsom aclaró que esta no es una política de persecución, sino una medida de prevención que apunta exclusivamente a casos muy específicos.
Organizaciones civiles han pedido mayor transparencia en la implementación de esta nueva política, exigiendo garantías de que no se utilizará como excusa para ampliar la cooperación con ICE más allá de los casos señalados. Mientras tanto, el debate continúa sobre cuál debe ser el papel de los estados frente a un sistema federal de inmigración que sigue siendo objeto de fuerte controversia en Estados Unidos.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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