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por Redacción USA
·El estado de Texas avanza en la edificación de un centro de deportación en Starr County, respaldado por la administración Trump, como parte de su estrategia migratoria.
En junio de 2025, el estado de Texas ha intensificado los esfuerzos para establecer un centro de deportación de migrantes en una extensión de 567 hectáreas en Starr County, cerca de la frontera con México. Esta iniciativa, respaldada por la administración del presidente Donald Trump, forma parte de una estrategia más amplia para reforzar las políticas migratorias y acelerar las deportaciones.
La Comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha reiterado el compromiso del estado para colaborar con el gobierno federal en la implementación de medidas que fortalezcan la seguridad fronteriza y agilicen los procesos de deportación.
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Avances en la construcción y colaboración federal
Desde la adquisición del terreno en octubre de 2024, se han llevado a cabo estudios de viabilidad y planificación para la construcción del centro. En los primeros meses de 2025, se iniciaron las obras de infraestructura básica, y se espera que el centro esté operativo para finales de este año.
El presidente Trump ha designado a Tom Homan, exdirector interino de ICE, como "zar de la frontera", encargado de supervisar la implementación de las políticas migratorias y coordinar con las autoridades estatales. Homan ha trabajado estrechamente con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para asegurar que el centro cumpla con los estándares federales y estatales.
Reacciones y preocupaciones
La construcción del centro ha generado diversas reacciones. Grupos defensores de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las condiciones de detención y el debido proceso legal para los migrantes. Organizaciones como la ACLU han anunciado que monitorearán de cerca las operaciones del centro y no descartan acciones legales si se detectan violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, autoridades locales y algunos residentes de Starr County han manifestado su apoyo al proyecto, argumentando que podría generar empleos y mejorar la economía de la región. Sin embargo, también existen inquietudes sobre el impacto ambiental y la presión sobre los servicios públicos locales.
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Redacción USA Periodista
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