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por Redacción USA
·Una nueva legislación en Texas intensifica las medidas migratorias en coordinación con autoridades federales.
El pasado 25 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes de Texas aprobó el Proyecto de Ley del Senado 8 o SB 8 con 86 votos a favor y 47 en contra. La ley obliga a todos los condados del estado a firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g), que permite a las autoridades locales colaborar en la identificación y detención de inmigrantes en situación irregular.
Esta normativa fue modificada para aplicarse a todo el territorio estatal, que inicialmente va dirigida a condados con más de 100.000 habitantes,. El gobernador Greg Abbott, quien ha respaldado medidas migratorias similares, deberá promulgarla tras su revisión final en el Senado.
El representante republicano, David Spiller, defendió la legislación como una herramienta para reforzar la seguridad pública. En contraste, varios funcionarios han señalado su preocupación por los costos de implementación. El sheriff del condado de Harris estimó que el programa costaría más de un millón de dólares, dentro de un déficit presupuestario de U$D 270 millones.
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El impacto operativo y las preocupaciones que genera
Diversas organizaciones han advertido que esta ley podría aumentar el perfilamiento racial y reducir la cooperación ciudadana con las fuerzas del orden. Además, se plantea que las detenciones basadas en solicitudes de ICE pueden generar problemas legales si no van acompañadas de una orden judicial.
En términos operativos, los departamentos de sheriff deberán capacitar personal, adaptar procesos internos y enfrentar mayores cargas administrativas para cumplir con los requerimientos del programa 287(g). Según datos de estados donde ya se aplica esta política, los costos por persona detenida pueden alcanzar entre U$D 10 000 y U$D 15 000 anuales, sin contar demandas legales relacionadas con detenciones indebidas.
La ley SB 8 forma parte de un paquete legislativo impulsado durante la sesión especial convocada por el gobernador en 2025, centrado en seguridad fronteriza. Su aplicación entraría en vigor una vez sea firmada y publicada en el Registro Estatal de Leyes.
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