Trump sugiere deportar a delincuentes estadounidenses a El Salvador y usar cárceles salvadoreñas. ¿Es legal? Esto dicen las autoridades.
Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump han generado controversia, al sugerir la posibilidad de deportar a ciudadanos estadounidenses con antecedentes penales hacia El Salvador. Durante una entrevista con Rachel Campos-Duffy, transmitida por Fox News, Trump afirmó que le “encantaría” enviar a delincuentes locales al país centroamericano, reiterando un comentario previo hecho desde la Oficina Oval en presencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“Los llamo criminales locales”, expresó Trump. “Lo estamos investigando y queremos hacerlo. Me encantaría hacerlo”, insistió ante la periodista. La idea, que carece de sustento legal, ha encendido el debate público, ya que la deportación de ciudadanos estadounidenses no está contemplada dentro del marco jurídico actual. Sin embargo, Trump aseguró que su equipo legal, incluida la secretaria de Justicia, Pam Bondi, está analizando si existe alguna vía para llevarla a cabo.
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Apoyo a Bukele y el uso de cárceles salvadoreñas
Durante el encuentro con Bukele, Trump elogió el sistema carcelario del presidente salvadoreño y su política de seguridad, especialmente el Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot). Incluso insinuó que EE.UU. podría utilizar dichas instalaciones como destino para posibles deportaciones. “Ha convertido el país en un lugar muy seguro. La gente va y se siente muy protegida y segura”, señaló Trump, agregando que Bukele “ha construido otras prisiones muy grandes” y que su administración está considerando “usar su sistema” para eliminar criminales supuestamente liberados bajo el gobierno de Biden.
Estas afirmaciones han levantado alarmas entre expertos legales y defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre la imposibilidad de deportar a ciudadanos nacidos en Estados Unidos, independientemente de sus antecedentes. Aunque la propuesta aún no tiene respaldo legal, sus implicaciones políticas y sociales podrían marcar un nuevo capítulo en el discurso migratorio de cara a las elecciones.
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