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La decisión del gobierno incluye la suspensión de fondos, investigaciones y revocación de visas a estudiantes internacionales, generando tensión en el ámbito académico.
Las tensiones entre la Casa Blanca y el sistema universitario estadounidense se han agudizado luego de que el presidente Donald Trump decidiera suspender el financiamiento federal a siete universidades que, según su gobierno, habrían permitido “protestas ilegales” vinculadas al conflicto palestino-israelí. La medida ha sido ampliamente criticada por rectores y defensores de la autonomía académica.
El anuncio de Trump fue acompañado de una ofensiva legal y política. En cartas enviadas por el Departamento de Educación, se advirtió a las universidades que debían garantizar la seguridad de estudiantes judíos o enfrentar consecuencias. La respuesta no se hizo esperar: cientos de líderes académicos rechazaron la presión gubernamental, argumentando que las decisiones disciplinarias deben mantenerse dentro del ámbito educativo y no del político.
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Universidades sancionadas por el gobierno federal
Entre las instituciones afectadas se encuentran algunas de las más prestigiosas del país. En algunos casos, las medidas implicaron congelación de fondos y, en otros, investigaciones en curso. Estas son las universidades mencionadas:
- Harvard University: Presentó una demanda contra el gobierno tras la congelación de fondos destinados a investigación y programas de diversidad.
- Columbia University: Perdió U$D 400 millones en subvenciones federales por supuestamente no abordar el antisemitismo en su campus.
- Princeton University: Se ha negado a aceptar fondos federales por temor a injerencias políticas.
- Brown University: Firmó la carta conjunta de rechazo a la intervención del gobierno.
- University of Pennsylvania: Recibió comunicaciones del Departamento de Educación exigiendo medidas contra el antisemitismo.
- Northwestern University: Fue señalada en investigaciones por su manejo de protestas estudiantiles vinculadas a expresiones antisemitas.
- University of California, Berkeley: Está bajo investigación por posibles omisiones en la divulgación de fondos extranjeros relacionados con una universidad china.
Líderes académicos rechazan la intervención del gobierno
La respuesta del sector académico ha sido contundente. Más de 150 rectores y presidentes universitarios firmaron una carta donde denuncian una “interferencia política sin precedentes” que amenaza la libertad de expresión y la autonomía institucional. Harvard, en una acción poco común, presentó una demanda formal alegando que las medidas impuestas vulneran principios constitucionales.
Los académicos insisten en que la universidad debe ser un espacio donde las ideas puedan debatirse libremente, aun cuando esas ideas resulten impopulares o polémicas. La presión política, señalan, socava esta misión al condicionar los fondos al alineamiento con posturas oficiales del gobierno.
Los más afectados por las nuevas políticas
Otra consecuencia de esta ofensiva es la revocación de más de 300 visas de estudiantes extranjeros, en su mayoría en universidades del sur del país. Se trata de alumnos de intercambio y graduados recientes, quienes han visto truncado su proyecto académico debido a decisiones que, según organizaciones educativas, carecen de transparencia y proporcionalidad.
Esta medida ha desatado preocupación sobre el impacto en la diversidad de los campus, uno de los pilares del sistema universitario estadounidense. También genera incertidumbre entre los estudiantes internacionales, que ahora enfrentan el riesgo de deportación o detención, incluso por participar en protestas o actividades políticas.
Las acciones del gobierno Trump han dejado en evidencia una batalla más amplia: la del control del discurso y la autonomía en el ámbito universitario. Mientras tanto, las universidades afectadas se preparan para una disputa legal y ética que podría sentar precedentes para la educación superior en Estados Unidos.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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