Un condado de Virginia eliminó su colaboración con ICE, buscando proteger a los inmigrantes y fomentar la seguridad sin temor a la deportación.
El condado de Arlington, Virginia, ha dado un paso decisivo en materia de protección a inmigrantes al cortar todo vínculo proactivo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La decisión, tomada por unanimidad por la junta directiva local, elimina cualquier posibilidad de colaboración voluntaria con esta agencia federal, reafirmando el compromiso del condado con una política de inclusión y confianza comunitaria.
Esta medida posiciona a Arlington como uno de los pocos gobiernos locales en EE.UU. que rechaza formalmente cooperar con ICE en operativos migratorios, detenciones o notificaciones no obligatorias. Autoridades locales sostienen que fomentar un entorno de confianza es esencial para garantizar la seguridad de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.
La decisión también busca que los inmigrantes no teman acudir a servicios esenciales como escuelas, hospitales o departamentos de policía. Con este cambio, Arlington refuerza su mensaje: la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas es prioridad en sus políticas públicas.
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Arlington elimina colaboración con ICE y promueve la confianza comunitaria
El condado de Arlington, Virginia, ha dado un paso importante al eliminar la Sección 7 de su Política de Confianza, que permitía a la policía local notificar a ICE en casos de delitos graves, como actividades terroristas o trata de personas. Aunque la medida originalmente buscaba proteger a la comunidad, en la práctica generaba temor entre los inmigrantes, dificultando que denunciaran delitos o solicitaran ayuda en situaciones de emergencia.
Takis Karantonis, presidente de la junta del condado, explicó que la decisión responde a un problema de seguridad real: "Las personas tienen miedo de llamar al 911", dijo, destacando la necesidad de reconstruir la confianza en las fuerzas del orden.
Este cambio no solo promueve la seguridad ciudadana, sino que también marca un precedente para otras jurisdicciones del país. La medida fue celebrada por defensores de derechos humanos, quienes consideran que es un paso hacia la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de todos los residentes.
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