Exmilitares critican la decisión de la administración Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal, argumentando que pone en riesgo a quienes apoyaron a las fuerzas estadounidenses.
La reciente decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos grupos ha generado una ola de críticas por parte de veteranos de guerra en Estados Unidos. Estos exmilitares consideran que la medida representa una traición a los compromisos asumidos con aliados que colaboraron estrechamente con las fuerzas estadounidenses en zonas de conflicto.
Organizaciones de veteranos y defensores de derechos humanos advierten que la revocación del TPS podría exponer a miles de personas a situaciones de peligro, persecución e incluso muerte, especialmente en contextos donde las condiciones de seguridad siguen siendo precarias.
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Reacciones y preocupaciones de los veteranos
Shawn VanDiver, veterano de la Marina y presidente de la organización #AfghanEvac, expresó su indignación ante la decisión, calificándola de "cruel y caótica". Según VanDiver, muchos de los afectados por la eliminación del TPS habían construido una vida en EE. UU. y ahora se les está diciendo que no importan. "Esto socava todo lo que Estados Unidos afirmó representar cuando prometimos no abandonar a nuestros aliados", afirmó.
Andrew Sullivan, director ejecutivo de la organización No One Left Behind, señaló que muchos de los individuos en proceso de obtener visas especiales de inmigrante (SIV) dependían del TPS como una capa de estabilidad mientras esperaban la aprobación de sus solicitudes. La eliminación de esta protección los deja en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Implicaciones legales y humanitarias
La medida ha sido criticada no solo por su impacto humanitario, sino también por posibles violaciones a procedimientos legales. Organizaciones como CASA, Inc. han iniciado acciones legales contra la administración, argumentando que la terminación del TPS viola procedimientos legales y compromete la seguridad de los deportados.
Mientras tanto, la administración defiende su decisión afirmando que las condiciones en ciertos países han mejorado, una afirmación que ha sido cuestionada por expertos y defensores de derechos humanos.
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