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por Elizabeth Rosas
·La llamada “regla de los 7 años” genera dudas entre inmigrantes en EE.UU. Conoce qué dice la ley y quiénes pueden beneficiarse.
Aunque no forma parte de la ley migratoria oficial, la llamada “regla de los 7 años” ha ganado notoriedad entre comunidades migrantes en EE.UU. por representar una posible vía para regularizar a personas que han vivido de forma indocumentada en el país durante un periodo prolongado. Esta creencia popular se refiere a la posibilidad de solicitar la cancelación de deportación ante un juez de inmigración, siempre que se cumplan ciertos requisitos estrictos establecidos por la ley.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), este beneficio forma parte de un proceso llamado “Cancelación de Deportación para Personas No Residentes”, que solo está disponible en procesos ante la Corte de Inmigración y bajo circunstancias excepcionales.
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¿Qué requisitos establece esta norma?
La persona debe haber vivido de manera continua en EE.UU. por al menos 10 años, aunque muchas veces se menciona como “regla de los 7 años” debido a interpretaciones anteriores o por confusión. Además, debe demostrar que ha tenido buena conducta moral durante ese tiempo y que su deportación causaría un perjuicio extremo e inusual a un ciudadano estadounidense o residente legal permanente, generalmente un hijo, cónyuge o padre.
El estándar de “perjuicio extremo” es muy alto y debe probarse con evidencia sólida, como diagnósticos médicos, necesidades educativas especiales o dependencia económica.
¿Cómo se solicita esta forma de alivio?
Esta cancelación de deportación solo puede solicitarse si la persona ya está en proceso de deportación ante un juez de inmigración. Es decir, no se puede aplicar directamente ante Uscis, lo que limita considerablemente su disponibilidad. Según el sitio oficial del Departamento de Justicia (EOIR), solo se otorgan hasta 4 000 cancelaciones por año fiscal, lo que hace que sea un recurso altamente competitivo.
Por ello, los expertos recomiendan asesorarse con un abogado de inmigración acreditado antes de intentar este tipo de defensa migratoria.
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