La discreción procesal de la fiscalía emerge como un recurso vital en el complejo panorama de la inmigración en Estados Unidos. En la siguiente nota, te brindamos datos para entenderla.
La discreción procesal de la fiscalía se ha convertido en un concepto crucial en el ámbito de la inmigración en Estados Unidos. Esta medida implica la suspensión temporal de la deportación para personas cuya expulsión se considera una baja prioridad.
Popularizado tras una circular emitida por el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), establece normas sobre las prioridades de ICE y cuándo ejercer esta discreción.
¿A quiénes se les considera discreción procesal?
Los casos considerados de baja prioridad abarcan una amplia gama de situaciones, incluyendo individuos que no representan un peligro para la seguridad nacional, aquellos sin historial de crímenes violentos, residentes de largo plazo en Estados Unidos, así como personas menores de edad, de la tercera edad, o con lazos familiares con ciudadanos estadounidenses. Además, se considera la situación educativa y laboral de la persona, así como su historial migratorio.
Por otro lado, los casos de alta prioridad incluyen individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, aquellos con historial criminal violento o delitos graves, pandilleros, reincidentes en el ingreso ilegal al país, entre otros. Es fundamental destacar que la solicitud de discreción procesal debe realizarse únicamente cuando el individuo ya está en un proceso de inmigración, ya que solicitarla fuera de este contexto podría resultar en detención y deportación.
La discreción procesal de la fiscalía es una herramienta crucial que puede tener un impacto significativo en el destino de individuos que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos. Su aplicación adecuada y justa es fundamental para garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes en el país.
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