La Corte Suprema autorizó la suspensión del programa que amparaba a inmigrantes de cuatro países latinoamericanos, dejando en incertidumbre a más de 500 mil personas.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha generado preocupación entre miles de inmigrantes que residían y trabajaban legalmente en el país bajo el programa de Parole Humanitario. Esta medida, impulsada por la administración Trump y aprobada el 30 de mayo, suspende el beneficio que permitía a más de medio millón de personas mantenerse en situación regular y con empleo temporal.
El programa, vigente desde la legislatura anterior, ofrecía una vía legal de permanencia para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin este respaldo, quienes se beneficiaban ahora enfrentan el riesgo de ser deportados o de perder sus trabajos por falta de documentación válida. “La Corte Suprema ha permitido que la administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”, declaró Karen Tumlin, directora del Centro de Acción por la Justicia.
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Más de 530 000 afectados y creciente incertidumbre
Aunque la suspensión no es aún definitiva, la realidad es que la medida ya impacta directamente a más de 530.000 inmigrantes. Muchos de ellos deberán buscar nuevas alternativas migratorias para evitar quedar en situación irregular. Esta es la segunda vez que un beneficio de este tipo es revocado, afectando de manera particular a la comunidad venezolana.
Organizaciones de defensa de los derechos migrantes han criticado la decisión, calificándola de arbitraria y perjudicial para el tejido laboral y social del país. Mientras tanto, los afectados esperan una resolución definitiva que defina su futuro en Estados Unidos.
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