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por Redacción RPP
·La minería ilegal está destruyendo miles de hectáreas de bosques en la Amazonía peruana, contaminando ríos y amenazando la biodiversidad en áreas protegidas y comunidades locales.
En la última década, más de 91 % de la deforestación en la Amazonía peruana ha sido causada por la minería ilegal, según cifras del Ministerio del Ambiente. A diferencia de la extracción formal de minerales, la minería ilegal se realiza sin cumplir con las normativas ambientales, lo que acelera la degradación del suelo, la contaminación de los ríos y la pérdida de especies.
Además, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el uso indiscriminado de mercurio presente en la minería ilegal es una de las principales fuentes de contaminación en las cuencas amazónicas, afectando no solo a la fauna acuática, sino también a las comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia.
Impacto ambiental de la minería ilegal
La minería ilegal abarca zonas donde la actividad está prohibida, empleando maquinaria no autorizada que termina llevándose todo a su paso. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Política Criminal (ONPC), uno de los casos de deforestación más alarmantes se registra en Madre de Dios, donde se estima que como consecuencia de la minería ilegal se han perdido más de 96 mil hectáreas de bosque en las últimas tres décadas.
Asimismo, el impacto de la minería ilegal también es devastador para las áreas protegidas y reservas naturales. Por ejemplo, el Monitoreo del Proyecto de Amazonía Andino señala que, solo entre 2017 y 2018, la minería de oro ilegal destruyó más de 1 200 hectáreas de bosques en el área de La Pampa, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, región Madre de Dios.
La contaminación de los ríos y su impacto en las comunidades
El uso del mercurio en la minería ilegal es uno de los principales factores de contaminación de los ríos amazónicos. Este elemento químico, altamente tóxico, se utiliza para separar el oro de otros sedimentos y sus desechos son vertidos en el agua. De esta manera, el mercurio se acumula en los peces que terminan siendo alimento de personas de comunidades cercanas.
Sobre el peligro de estar en contacto con el mercurio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que sus efectos incluyen trastornos neurológicos y de comportamiento en seres humanos como temblores, inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de la memoria, pérdida de visión, alteraciones neuromusculares y neurológicas, dolores de cabeza y problemas renales.
También señala que, en personas gestantes, la exposición intrauterina del feto a mercurio por el consumo de pescado contaminado puede alterar su desarrollo neurológico y afectar aspectos como el pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad de concentración, el lenguaje y las aptitudes motoras y espacio-visuales finas del futuro niño.
Propuestas para combatir la minería ilegal
Frente a la creciente depredación de los recursos naturales del país, el Gobierno peruano ha implementado diversas estrategias para frenar la minería ilegal. El documento “Análisis comparativo de la respuesta gubernamental a la minería ilegal e informal en América del Sur” elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que la respuesta del Estado frente a la minería ilegal e informal se ha dado principalmente en dos niveles: impulsando la formalización de los mineros informales y, por otro, imponiendo penas considerables por el delito de minería ilegal. Pero sin alcanzar los resultados esperados.
Una de las disposiciones fue el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creada con el objetivo de promover la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
Esta medida ofreció beneficios como permitir la operación durante el proceso de formalización, agrupar mineros en entidades jurídicas, asignar y modificar derechos mineros, eximir ciertos pagos y penalidades, y otorgar acreditaciones especiales a los mineros en el proceso de formalización. Sin embargo, desde su creación en el 2016, cuenta con más de 87 mil inscritos de los cuáles solo el 2,4 % se ha formalizado; y el 80 % de todos los inscritos se encuentra en condición suspendida por no haber cumplido con alguno de los requisitos para concretar su formalización.
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