El Perú cuenta con importantes reservas mineras en todo el territorio nacional, lo que lo convierte en uno de los principales productores de metales como oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, entre otros. No obstante, la minería ilegal viene generando un impacto negativo en el aspecto ambiental, económico y también social.

Se entiende como minería ilegal a toda actividad minera ejercida en zonas prohibidas y que ocasiona efectos nocivos en el medio ambiente y en las personas involucradas como inseguridad y criminalidad en las zonas donde opera.

Según la Defensoría del Pueblo, este delito ocasiona que miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres sean víctimas de explotación laboral, sexual y trata y que miles de personas trabajen sin derechos laborales y en condiciones de alto riesgo para su vida.

Por esto, aquí detallamos cuáles son los delitos relacionados con la minería ilegal, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Política Criminal:

Trata de personas y otras formas de explotación

Uno de los delitos vinculados a la minería ilegal e informal es la trata de personas en sus distintas modalidades, entre ellas la explotación sexual y laboral. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, investigaciones han demostrado que, en zonas mineras, púberes y adolescentes son explotadas sexualmente en las cantinas llamadas localmente “prostibares”. Asimismo, según CHS Alternativo, la trata de personas se beneficia de las rutas migratorias entre regiones como, por ejemplo, entre Cusco y Madre de Dios, facilitada por la carretera Interoceánica.

Por otra parte, como parte de explotación laboral en el contexto de la minería ilegal también se encuentra el trabajo infantil forzado. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en el mundo, se estima que un millón de niños, niñas y adolescentes trabajan en la minería de pequeña escala, realizando labores como cavar, sumergirse en túneles y ríos inundados, carga pesada de mineral, entre otras actividades que ponen en peligro sus vidas.

Narcotráfico y tráfico ilícito de armas

Desde hace varios años se reporta que la minería ilegal comparte la misma ruta que el tráfico de armas, explosivos y drogas. Esta actividad aprovecha las deficiencias de fiscalización a la importación y exportación de mercaderías, así como al registro y control de armas.

Del mismo modo, el mercado negro y la violencia que existe alrededor también estimula la adquisición de armas por su bajo costo. Todas estas actividades facilitan la salida no controlada de bienes como el oro, perjudicando la economía nacional y estimulando la impunidad de los extractores ilegales.

En los últimos años se ha constatado la existencia de actividad minera informal e ilegal en 21 de las 25 regiones del país.
En los últimos años se ha constatado la existencia de actividad minera informal e ilegal en 21 de las 25 regiones del país. | Fuente: Andina

Corrupción y lavado de activos

Entre enero de 2011 y 2020, la minería ilegal representó el principal delito subyacente [que deriva de otros] en Perú, según el valor de las transacciones ilícitas detectadas y revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. De un total de $14.164 millones registrados de forma ilícita durante este período, casi $7.000 millones estaban vinculados a la minería ilegal.

Además, esta actividad se encuentra estrechamente ligada con el lavado de activos; es decir, buscan dar una apariencia de legalidad al dinero o bienes de origen ilegal para introducirlos nuevamente en el mercado. Es importante tener en cuenta que este proceso es facilitado por la corrupción en los propios sistemas, que implica a funcionarios públicos y actores privados que buscan aligerar trámites, evitar multas, entre otros.

Violencia hacia defensores ambientales

Los defensores ambientales realizan una labor incansable para proteger sus territorios de actividades que puedan vulnerar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La minería ilegal está estrechamente vinculada a la destrucción de bosques amazónicos y violación de derechos humanos, lo que ha resultado en el ensañamiento hacia quienes se oponen a ella.

Según el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde 2011, al menos 29 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú por personas vinculadas a actividades ilícitas, como la minería ilegal, tráfico de tierras, tala ilegal, narcotráfico. Además, la violencia hacia los líderes indígenas muchas veces se extiende a sus familiares y comunidades, quienes son amenazados y despojados de sus propiedades.

“Promoviendo la buena minería” es una campaña de La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía con el apoyo de RPP.