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¿En qué condiciones se está reactivando la actividad en el sector pesca? Evitar que los tripulantes de embarcaciones se contagien mientras pescan es todo un reto y su cumplimiento es crucial. Al protocolo sanitario y los criterios técnicos establecidos por el Estado se suman iniciativas promovidas por la sociedad civil.
China, Estados Unidos y Europa son nuestros principales clientes de productos pesqueros. La evolución de la COVID–19 en el país y en estos lugares determinarán la recuperación de las actividades pesqueras.
En el pasado, la pesca de anchoveta estuvo marcada por la carrera olímpica para capturar este recurso, poniéndolo en riesgo de sobreexplotación. ¿Estamos en una situación parecida con el jurel?
A lo largo de la última década (al menos en cinco ocasiones), se han presentado una serie de dificultades para la operatividad de la flota pesquera en la zona centro norte del país durante las segundas temporadas de pesca de anchoveta.
El anunciado cambio estructural en IMARPE, entidad científica que estudia los recursos pesqueros del país, ha generado diversas reacciones en el sector. Se espera que empoderará a la institución y alineará su calidad científica con la gestión eficiente de los recursos propiedad de todos los peruanos.
No sorprenden las lluvias en Piura, pero sí sus alarmantes consecuencias, producto de la gran ineficiencia en el gasto para reconstruir el norte y el siempre vigente reinado del desorden.
Recientemente, Oceana Perú y la ONG ProDelphinus publicaron un informe que revela un amplio margen de fraude y sustitución en la venta de pescados en el Perú que alcanza el 72% de las muestras tomadas en las ciudades de Piura, Chiclayo y Lima.
El reciente incremento de la cuota de jurel, en aguas jurisdiccionales peruanas, ha provocado amenazas de denuncias ante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP PS) Sin embargo, esta decisión no quebranta las disposiciones de este organismo multilateral y está basada en las leyes que regulan la actividad.
El Tribunal Constitucional, en una apretada votación, emitió un fallo a favor del Poder Ejecutivo, determinando que los permisos otorgados por el Poder Judicial a empresas pesqueras afectaron las atribuciones exclusivas en materia de pesca y acuicultura del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
