En el último informe de la plataforma de monitoreo satelital Global Fishing Watch (GFW), se destapó una problemática alarmante: la posible actividad de embarcaciones chinas que desactivan sus sistemas satelitales en las fronteras del mar territorial peruano para llevar a cabo actividades de pesca ilegal. Este fenómeno ha suscitado gran preocupación, ya que plantea cuestionamientos fundamentales sobre la vigilancia y el cumplimiento de las normativas marítimas.
Resulta curioso que, a pesar de las regulaciones y la obligación de instalar el Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat), muchas de estas embarcaciones chinas han optado por no implementar este dispositivo. Alfonso Miranda, líder del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur), desestima las excusas económicas presentadas por los pescadores chinos, señalando que incluso embarcaciones artesanales han adoptado tecnologías similares. Esta reticencia a la transparencia plantea preguntas acerca de las verdaderas intenciones detrás de esta decisión.
Las consecuencias económicas de evadir estas normas son palpables. Tras la promulgación del DS 016-2020-PRODUCE, se observó una marcada disminución en los arribos de buques chinos a los puertos de Chimbote y Callao. Mientras que esto puede parecer una victoria momentánea, es esencial comprender el panorama completo. La mitad de la flota china que opera en aguas peruanas retornó a puertos chinos y optó por enfrentar costosas travesías de regreso, indicando una táctica económica y política para presionar por la flexibilización de las normas.
No obstante, los arribos forzosos han emergido como una nueva preocupación. Tradicionalmente destinados a situaciones de emergencia, algunos barcos extranjeros están utilizando esta táctica para ingresar al territorio marítimo peruano con la intención de pescar ilegalmente. Este abuso de la buena voluntad pone en peligro nuestros recursos y la estabilidad laboral de cientos de personas.
Es intrigante notar que, antes de la implementación de la norma portuaria en 2020, los arribos forzosos no eran una estrategia comúnmente empleada por la flota extranjera de calamar. Sin embargo, desde entonces, esta práctica ha aumentado significativamente, y los datos hablan por sí mismos: en el 2021 se registraron 12 ingresos por esta razón, y en el 2022 la cifra se elevó a 28.
El uso del "arribo forzoso" es una manera de sortear las regulaciones que exigen una estadía mínima fuera de las aguas jurisdiccionales peruanas. Esta situación compromete el cumplimiento del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), un pacto internacional que busca combatir la pesca ilegal.
A pesar de estos desafíos, el Ministerio de la Producción ha expresado su compromiso con mantener la rigurosidad del DS 016-2020-PRODUCE. La cooperación con otras instituciones es clave para asegurar que estas medidas no solo se mantengan, sino que se fortalezcan. Este es el momento oportuno para reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad marina y el respeto a las regulaciones internacionales. La pesca ilegal no solo amenaza nuestra biodiversidad, sino también la integridad de nuestras aguas y la estabilidad de las comunidades que dependen de ellas.
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