Hacia una nueva política nacional migratoria

2025 será un año desafiante en materia migratoria para el Perú: previsiblemente, apenas asuma funciones el presidente Donald Trump, el 20 de enero, empezaremos a recibir flujos significativos de ciudadanos peruanos deportados de los Estados Unidos por haber estado radicados allí de modo irregular; también es previsible que continúen llegando a nuestro país migrantes de Venezuela como respuesta a la sostenida e irresuelta crisis política y económica allí; es probable que también empecemos a recibir un nuevo flujo inmigratorio, esta vez proveniente de Bolivia, resultante de la crisis política y económica que igualmente asola a este vecino país; y, por último, sin ser menos importante, se requiere aprobar una nueva política migratoria nacional, pues la actual está venciendo y es ineficaz. Es indispensable por tanto promover la conversación ciudadana y entre especialistas, a la luz de la experiencia acumulada en estos años recientes y de cara a los emergentes desafíos, sobre los objetivos, lineamientos y mecanismos que debiera abarcar esta nueva política migratoria.

La reflexión debe iniciarse evaluando el contenido y eficacia de la Política Nacional Migratoria 2017-2025, actualmente vigente. Sin pretender un análisis exhaustivo sobre la misma, es menester resaltar su excesiva generalidad, su enfoque inercial carente de visión estratégica, su desatención sobre el reto específico de la masiva inmigración venezolana, y la carencia de propuestas de reforma institucional para afrontarla. La actual política migratoria reproduce el tradicional sesgo burocrático, reactivo y formalista que también signó a sus antecesoras.

No es clara actualmente la magnitud que alcanzarán los flujos de ciudadanos peruanos deportados de los Estados Unidos por haber estado radicados allí de modo irregular, pero es previsible que sean muy significativos en el corto plazo. Nuestra Cancillería viene adoptando algunas esforzadas pero modestas iniciativas para enfrentar el fenómeno, pero se requiere de una estrategia multidimensional y multisectorial de bastante mayor aliento, y ello implica también la asignación de recursos presupuestales específicos y el establecimiento de un mecanismo centralizado de coordinación dotado de autoridad legal y real. A esto nos hemos ya referido.

Dado que la crisis política y económica de Venezuela tiende a agravarse, es previsible que continúen llegando a nuestro país inmigrantes de esa nacionalidad, lo cual hace urgente adoptar un enfoque estratégico que equilibre las dimensiones humanitarias con las capacidades y necesidades del Perú como país de acogida. Los diagnósticos más confiables indican que el universo de inmigrantes venezolanos que radican en nuestro país ya es mayor a un millón 600 mil personas, de las cuales más del 35% se encuentran en situación migratoria irregular. La magnitud de este flujo migratorio, pero particularmente la ausencia de gobernanza e institucionalidad eficaz por parte del Estado peruano, incentiva que sus dimensiones más nocivas sean las que captan la atención de la opinión pública, alimentando así prédicas xenófobas; y que a la vez se masifiquen las condiciones de vulnerabilidad (trata de personas, explotación laboral) que afectan a estos inmigrantes. Además, aunque mayoritariamente son esforzados, calificados y bien portados trabajadores, algunos de ellos están efectivamente involucrados en actividades criminales que agravan nuestras ya muy precarias condiciones de seguridad ciudadana; y la alta tasa de irregularidad migratoria dentro de este universo poblacional intensifica las condiciones de informalidad ya generalizadas en nuestro país.

Hay cuando menos dos dimensiones sobre el éxodo venezolano que debieran merecer respuestas concretas dentro de la nueva estrategia nacional migratoria. De un lado está la injustificable ausencia de gobernanza e institucionalidad eficaz por parte del Estado peruano para dar cara a este masivo fenómeno. Su magnitud y naturaleza demanda gestionarlo desde el más alto nivel gubernamental con un enfoque multidimensional y multisectorial, y no meramente de modo burocrático, reactivo y formalista.

Del otro lado está la necesidad de fortalecer las coordinaciones internacionales, y particularmente con el propio régimen de Venezuela, para maximizar la disponibilidad de recursos y sobre todo la eficacia de las respuestas de política pública peruana, bajo la premisa de reconocer que esta crisis humanitaria es una responsabilidad en primer lugar del propio gobierno causante, pero lo es también de todo el resto de la comunidad internacional. Es incontrastable que el pueblo de Venezuela es víctima de un gobierno autoritario, y que este carácter se hace aún más intenso al iniciarse en este mes el nuevo periodo gubernamental en el que la dictadura de Maduro, que perdió las elecciones, seguirá aferrándose ilegítimamente al poder. Es generalizado el anhelo que logre asumir sus funciones el presidente legítimamente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pero en el corto plazo eso se vislumbra como improbable y todo indica que Nicolás Maduro seguirá monopolizando el poder político real allí. Pese a esa incuestionable constatación de ética política y de licitud, la crisis humanitaria de descomunales proporciones planteada por la inmigración venezolana hace indispensable adoptar un enfoque de realismo político para procurar acuerdos mínimos con la dictadura de Maduro que posibiliten al Perú responder con mayor eficacia al reto que se nos viene imponiendo. Esto implica la necesidad de recuperar niveles básicos de coordinación diplomática, pese a la unilateral ruptura de relaciones impuesta por Maduro y a la condena incondicional que su régimen autoritario amerita. 

Siendo esa diáspora responsabilidad primaria del Estado de Venezuela, actualmente controlado por la dictadura de Maduro, es éste quien debiera asumir los costos que aquélla le generan a países receptores como el Perú. Si en las actuales circunstancias ese gobierno no quiere o no puede sufragar tamaña inversión, ello no exime al Estado de Venezuela de sus obligaciones enmarcadas en el derecho internacional. Bajo tal constatación el Gobierno del Perú debiera negociar con la comunidad internacional, e ideal aunque indeseada e improbablemente también con la dictadura de Maduro, la concesión de un crédito internacional, que fuese reembolsado en alguna ocasión futura por el Estado de Venezuela, para que nuestro país cubra los costos de implementación de una estrategia comprensiva de acogimiento e inserción productiva de los inmigrantes venezolanos, a ser ejecutada bajo la conducción del mecanismo multidimensional y multisectorial antes referido.

Es decir, debiera establecerse un mecanismo de financiamiento internacional para sufragar los costos generados al Estado peruano por la inmigración venezolana, bajo el entendimiento, a la luz del derecho internacional, que el reembolso definitivo de esos recursos será obligación del Estado de Venezuela, ahora o cuando este país recupere su legitimidad democrática y su estabilidad macroeconómica. El BID y la CAF podrían ser los vehículos institucionales adecuados para canalizar este mecanismo de financiamiento. Lo aquí planteado constituye una cuestión jurídicamente novedosa, pero a la vez legítima; y posibilitaría contar con una asignación sustancial de recursos financieros específicamente focalizados en promover la inserción productiva y la eficaz protección de los derechos humanos de estos inmigrantes, de los cuales hoy carece el Estado peruano.

Un aspecto prioritario dentro de las negociaciones ideales aunque indeseadas y acaso improbables con la dictadura de Maduro debiera ser la suscripción de un acuerdo de cumplimiento de penas de carcelería en Venezuela, en virtud del cual los inmigrantes de esa nacionalidad que sean condenados por tribunales peruanos por la comisión de delitos purguen sus condenas allí. Esto tendría un efecto disuasivo sobre el reducido segmento trasgresor de estos inmigrantes, y reduciría los costos financieros, logísticos y de sobre poblamiento carcelario para el Perú.

Por otra parte, la nueva política nacional migratoria debiera incluir la promoción de la negociación y suscripción de acuerdos de migración laboral temporal. Para los países receptores, asolados por su declinación demográfica, esto les permitiría compensar parcialmente sus escaseces de mano de obra; para los trabajadores peruanos esto posibilitaría que se capitalicen financiera y técnicamente prestando servicios en el exterior por periodos acotados. Pero la eficacia de este tipo de acuerdos depende en mucho de la garantía de retorno de quienes se acojan a sus beneficios, y para tal efecto el Estado peruano podría diseñar sistemas de incentivos apropiados.

Adicionalmente, la nueva política nacional migratoria debiera establecer mecanismos institucionales para fortalecer la vinculación de nuestro Estado con la creciente diáspora global peruana, a efectos que ellos puedan contribuir de muy diversas formas al desarrollo socioeconómico y a la promoción mundial de los intereses nacionales. 

No menos importante, la nueva política nacional migratoria debiera promover y facilitar la repatriación de connacionales altamente calificados, a efectos de procurar recuperar algo del mucho capital humano que venimos perdiendo a través de la emigración.