Hacia un Perú desarrollado

La evolución de un país emergente hacia un país desarrollado requiere no solo de estabilidad y crecimiento económico, también necesita de la generación de instituciones económicas y políticas inclusivas y de la eliminación de aquellas instituciones extractivas que se generaron a lo largo de su historia particular. En esa línea de pensamiento, el proceso de transformación del Perú en nación desarrollada y estable requiere no solamente del mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos logrados durante los últimos 29 años y de las altas tasas de crecimiento del producto bruto interno obtenidas en las últimas dos décadas, las mayores de la región en promedio, sino, adicionalmente, considerando una visión de largo plazo, de la contribución con la consolidación de las instituciones políticas y económicas que han permitido que los países más avanzados del mundo alcancen los niveles de vida que hoy poseen.

El Perú se encuentra, al igual que Chile, entre las naciones del mundo más estables macroeconómicamente. Sin embargo, eso no es suficiente para el logro de su desarrollo, pues hay que mantener lo alcanzado, lo que implica evitar políticas populistas que generen desequilibrios económicos como los que hoy muestran las economías de Ecuador, Bolivia y Argentina, con mayores niveles de endeudamiento y problemas fiscales, o la irracionalidad política y económica en Venezuela, pero hay que trabajar en las instituciones inclusivas no consolidadas.

Para los economistas Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y James Robinson, de la Universidad de Harvard, los países fracasan cuando no son capaces de generar una estructura organizativa que permita a sus ciudadanos sentirse partícipes del progreso. Se requiere de participación y pluralismo político, el cual debe llevar a instituciones económicas que permitan un crecimiento inclusivo y en libertad. “Una libertad que solo puede existir cuando la sociedad cuestiona el poder del Estado y de las élites, pero también cuando, al mismo tiempo, existe un Estado robusto capaz de defender nuestros derechos cuando estos se ven amenazados”, afirman los autores mencionados en su nuevo libro, El pasillo estrecho, publicado en octubre de este año.

Se debe trabajar en tres niveles: económico, político y en el aseguramiento del mantenimiento de la libertad de pensamiento. En el aspecto económico, se debe asegurar la competencia y la protección a la propiedad privada, se debe evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, lo que implica la consolidación de un Estado profesional que pueda regular con eficiencia y eficacia. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –deberíamos siempre recordar el nombre y no únicamente sus siglas, Indecopi–, fundado en la última década del siglo XX, es un ejemplo de la creación de una institución que al evitar “el abuso del fuerte” genera una economía más inclusiva. A otros reguladores les falta avanzar un gran trecho para su consolidación, pero, finalmente, todos deberían alcanzar el prestigio, nacional e internacional, que posee una institución del Estado peruano, como el Banco Central de Reserva (BCRP). En lo político, hay que terminar con la reforma en curso y conseguir el equilibrio de poderes. En tercer lugar, hay que asegurar la libertad de pensamiento y la prensa libre, sin la cual probablemente no se habrían descubierto los niveles de corrupción altamente extractivos.

Mantengamos la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del PBI, pero construyamos en paralelo, y en libertad, las instituciones económicas y políticas inclusivas que permitirán que dejemos un mejor país a nuestros descendientes.