Actividades ilegales mueven más de US$ 6,650 millones al año en el Perú

La economía ilegal mueven al menos US$ 6,657 millones al año en el Perú, según cifras de la organización Capital Humano y Social (CHS) Alternativo en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

"Inicialmente las economías ilegales hacían referencia a toda actividad económica que está prohibida por un estado o un conjunto de estados (...) Actualmente ya estamos hablando de sistemas económicos donde además estas actividades que están prohibidas se retroalimentan y se artículan y terminan contaminando también a actividades económicas que sí están permitidas", precisa Luis Enrique Aguilar Cardoso, abogado y director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo.

En el país son nueve las actividades económicas ilegales que representan esta alta cifra, siendo la primera de ellas la minería ilegal de oro.

La minería ilegal de oro genera unos US$ 1,777 millones al año en el país, seguido de la trata de personas (US$ 1,300 millones), el tráfico ilícito de drogas (US$ 1,134 millones), la tala ilegal (US$ 800 millones), la extorsión (US$ 530 millones), la pesca ilegal (US$ 300 millones), el contrabando (US$ 243 millones), la piratería (US$ 209 millones), actividades ilegales relacionadas a la flora y fauna (US$ 150 millones) y el tráfico de terrenos (US$ 143 millones).

Solo en el caso de la tala ilegal, se calcula que los ingresos para los que se dedican a este negocio están entre los 50.7 y los 152 miles de millones de dólares.

Por otro lado, en el caso del contrabando la Sunat estimaba un movimiento económico de 596 millones de dólares en el 2021, cifra que podría ser mayor.

Con estas actividades también se produce el lavado de activos, delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes que son producto de delitos graves.

"Entre el 2011 y febrero del 2020 se han reportado movimientos por US$ 14,263 millones, encabezadas por la minería ilegal y seguidas por la corrupción y el narcotráfico", indica CHS.

La situación también está relacionada a la corrupción, que genera un perjuicio económico de S/ 24 millones por año, de acuerdo con la Contraloría General de República.