AFIN preocupada por cuestionamientos a contratos de concesión de peajes

El gremio que reúne a las empresas concesionarias señaló que es fundamental dar señales claras de respeto a los contratos y mecanismos que estos prevén para dirimir controversias.

La Contraloría alertó que la Municipalidad de Lima no ha exigido al concesionario LAMSAC el pago de más de un millón de dólares por faltas al contrato. | Fuente: ANDINA

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por los recientes cuestionamientos a contratos de concesión de peajes y el cobro de estas tarifas.

Gremio preocupado

Hace unos días, la Contraloría General de la República alertó que el alza de peajes en la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa de la Línea Amarilla no se ajusta al contrato, ya que la fórmula que utiliza el concesionario LAMSAC para calcular el aumento es distinta a la acordada en el año 2009.

El gremio que agrupa a las principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos, señaló que es fundamental dar señales claras de respeto a los contratos y uso de los mecanismos que estos prevén para dirimir cualquier controversia.

“Lo sucedido en los últimos días en que se ha venido cuestionando los contratos de concesión, los peajes y los mecanismos de reajuste de estos, no es una señal que apunte en el sentido correcto para promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos”, sostuvo en un comunicado.

Problema latente

El gremio empresarial anotó que el Perú tiene aún una brecha de infraestructura que bordea los 160,000 millones de dólares, que no se podrá cubrir exclusivamente con recursos públicos y que demandará seguir atrayendo inversionistas privados globales.

La infraestructura puede construirse íntegramente como inversión pública, financiándola con los ingresos por impuestos que cobra el Estado. Sin embargo, existen otras modalidades para construirla que son las denominadas Asociaciones Público-Privadas.

En éstas, el Estado celebra un contrato con un privado, le exige inversiones, estándares de operación y el mantenimiento; a cambio, le permite al privado cobrar una tasa o tarifa para recuperar esta inversión.

“Es así como se paga tasas en los aeropuertos, puertos y, en las carreteras, se paga un peaje. Son contratos de largo plazo que son minuciosamente supervisados por los organismos reguladores”, dijo.

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