El acuerdo de colaboración eficaz, firmado en febrero de este año, entre el Estado peruano con la constructora brasileña Odebrechtobliga a la empresa pagar S/610 millones de reparación civil, por los sobornos pagados en cuatro proyectos ejecutados en el Perú.

El Acuerdo

La negociación del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht concluyó el 8 de diciembre de 2018, tras dos años de tratativas con los fiscales del Equipo Especial y la Procuraduría Ad hoc para el Caso Odebrecht. El documento tiene 1,200 páginas y contiene la firma de 10 representantes de las partes

El acuerdo se firmó por un lapso de casi cinco horas en la sede del consulado peruano en Sao Paulo en Brasil, con la empresa Odebrecht, como persona jurídica, y seis exfuncionarios de la compañía. Suscribieron el convenio Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, además de otros cuatro exrepresentantes de la constructora en el Perú durante los años en que se habrían cometido estos actos ilícitos.

A través del acuerdo de colaboración, Odebrecht también aceptó entregar a las autoridades peruanas información sobre actos de corrupción en el Perú durante los últimos tres gobiernos (administrados por Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo).

El acuerdo, además, permitirá a los fiscales peruanos utilizar las pruebas y la información entregada y a seguir recabando evidencias en las investigaciones para conocer la verdad sobre los actos de corrupción, así como procesar a los responsables.

Permitirá también que los funcionarios de Odebrecht se presenten como testigos en los juicios orales contra los procesados en el Perú. También deberá entregar la información de los servidores My Web Day y Drousys, usados por Odebrecht para encubrir el pago de coimas a través de la Caja 2.

Reparación civil

El cálculo del monto de la reparación civil se realizó con base en los lineamientos de la Ley 30737 y su reglamento, que pone como criterios la utilidad estimada de la empresa en los proyectos, el porcentaje de participación en ellos y su capacidad de pago

La citada norma asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

La reparación civil se incrementará si la Fiscalía detecta ilícitos en otros proyectos y si Odebrecht reconoce su responsabilidad, así como si el Poder Judicial determina su responsabilidad en casos adicionales.

El pago de los S/ 610 millones se realizará en un plazo de 15 años, a través de Fideicomiso donde se depositará:

Durante los primeros cinco años, la retención del 5% de todos los pagos sin IGV que el Estado y las empresas privadas realicen a Odebrecht por obras y servicios en el Perú. A partir del sexto año la retención aumenta a 7%.
La retención del 50% de los dividendos recibidos de las sociedades concesionarias.
La retención del 25% del precio de venta de bienes y/o derechos sin IGV en el Perú, por ventas superiores a 3 millones de dólares o su equivalente en soles.
La cuota inicial de la reparación civil, que asciende a 80 millones de soles, se pagará con recursos obtenidos con la venta de la central hidroeléctrica Chaglla.

Con información de ANDINA

Deuda con la Sunat y primera cuota de la reparación

El acuerdo incorporó en uno de sus puntos la obligación de la constructora de cancelar S/450 millones de deuda tributaria y la primera cuota de la reparación civil (S/80 millones) como requisito para contratar con el Estado peruano.

Ayer por la tarde la Sunat anunció que logró cobrarle poco más de S/434 millones a Odebrecht, como parte del acuerdo de colaboración que tiene con la justicia peruana. La deuda en cobranza coactiva se pagó con los ingresos por la venta de las acciones que mantenía Odebrecht en la Empresa de Generación Huallaga, concesionaria de la Central Hidroeléctrica de Chaglla.

En tanto, el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, reveló que Odebrecht pagó el monto de la primera cuota de reparación civil de S/ 80 millones pactado con la empresa brasileña Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz.

"Es decir, ingresarán S/530 millones”, indicó el procurador Ramírez, quien precisó que una vez que el Poder Judicial homologue el acuerdo, el dinero ingresará a las arcas del Estado.

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