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por Fiorella Hokama
·Los bloqueos de carreteras en Perú, han generado graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. El Canciller advirtió que la "minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico" y advirtió sobre redes criminales, plantas de acopio irregulares y la urgente necesidad de control estatal y la formalización minera.
Los bloqueos de carreteras en Perú han generado diversos problemas económicos y sociales. Asimismo, expertos le atribuyen a la minería ilegal la financiación y perpetuación de estas interrupciones en las vías del sur del país.
Expertos como el economista Carlos Gálvez Pinillos (expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE), el ingeniero Carlos Herrera (exministro de Energía y Minas), y el Canciller del Perú, Elmer Schialer, han abordado las implicaciones de esta crisis.
Los costos de los bloqueos en las carreteras
Elmer Schialer, canciller del Perú, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y enfatizó el impacto directo en la vida cotidiana y la economía del país. Estos bloqueos generan dificultades para el transporte de víveres y otros bienes esenciales, afectando el bienestar de la población. Además, expresó que causan una afectación a la imagen del Perú como destino turístico, con destinos como Arequipa, Ica y Nazca viéndose perjudicados, lo que se traduce en pérdidas económicas para el sector.
Durante la entrevista, el canciller se refirió a la financiación de estos bloqueos. Schialer indicó que existen informaciones de que cada persona que participa en los bloqueos recibe S/ 120 diarios, lo que suma millones y proviene de fuentes no necesariamente legales, vinculadas principalmente a la minería ilegal.
El negocio de la minería ilegal
Carlos Herrera, exministro de Energía y Minas, también se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y describió la minería ilegal como una organización que se ha ido formando durante años, con redes tejidas y apoyo de congresistas "favorables" a la pequeña, informal e ilegal minería.
Herrera estima que hay alrededor de medio millón de mineros, y aunque las cifras oficiales de producción podrían sugerir un ingreso anual de $ 24,000 por minero (2,000 mensuales), él no cree que esta sea la realidad, sugiriendo que muchos trabajan para otros y que los verdaderos operadores no están extrayendo oro directamente, sino manejando un sistema desde otro lugar.
Una pieza importante en esta cadena son las plantas de acopio y procesamiento. Herrera mencionó que hay alrededor de 2,000 plantas de acopio en Perú, y se cuestiona su legalidad y si tienen los permisos necesarios para refinar y entregar lingotes de oro.
Frente a ello, propone que la fiscalización del Estado se ubique junto a estas plantas para obtener datos sobre el origen y destino del oro, ya que la trazabilidad es un objetivo no logrado hasta el momento.
Bajo este marco, el canciller Schialer subrayó la magnitud del problema al afirmar que la actividad minera ilegal supera en siete veces el negocio del narcotráfico en términos de volumen económico.
El vínculo entre las plantas de acopio y la ilegalidad
Carlos Gálvez, desde su experiencia en la SNMPE, refuerza la idea de un vínculo muy cercano entre la minería artesanal y la ilegalidad, "sobre todo en la parte del acopiamiento". Explica que las plantas receptoras, que no tienen mina propia y a menudo están distantes, operan bajo un límite de 350 toneladas de tratamiento diario para ser supervisadas por los gobiernos regionales.
Sin embargo, en la práctica, muchas de estas plantas exceden largamente este tonelaje, por lo que deberían ser controladas y supervisadas por el gobierno nacional, lo cual no ocurre. Es precisamente en este punto donde se establece la conexión entre la minería ilegal y la minería artesanal.
El costo de la informalidad
Gálvez también detalló el panorama de los derechos humanos y laborales de los trabajadores informales/ilegales. No cuentan con seguro de riesgo, seguridad social, planilla ni ningún derecho laboral. No reciben equipos de protección personal, y carecen de la ingeniería necesaria para garantizar ventilación (evitando muertes por asfixia o silicosis/neumoconiosis) o para prevenir caídas de rocas, que a menudo resultan en socavones con cadáveres.
Además, el impacto ambiental es "tremendo", con más de 600 toneladas de mercurio vertidas anualmente a los ríos de la selva. Cada vez que una draga explota, no solo se vierte más mercurio, sino que se remueve el ya depositado en el fondo del río, envenenando la vegetación, los animales y los seres humanos.
Esta contaminación ya ha afectado a comunidades indígenas y ríos importantes como el Nanay (fuente de agua potable para Iquitos) y el Putumayo, con la alarmante presencia de ciudadanos de Colombia y Ecuador en estas actividades ilícitas.
El reto de la formalización minera
Carlos Gálvez cree en la pequeña minería y la minería artesanal, abogando por su fomento con la debida orientación. Propone tres vías:
- Utilizar el 5 % del canon minero que reciben los gobiernos regionales (destinado a universidades con facultades de geología, minería y metalurgia) como capital semilla para explorar y desarrollar proyectos en zonas mineras de sus propios departamentos.
- Trabajar en concesiones que caen en caducidad por falta de pago o no realización de las labores correspondientes.
- Mediante contratos de cesión entre el concesionario propietario del yacimiento y los mineros, un acuerdo entre privados contemplado en la Ley General de Minería.
Sin embargo, Gálvez alertó sobre el riesgo de la propuesta Ley MAPE, que busca modificar las competencias de fiscalización de la pequeña minería para dárselas a los gobiernos regionales. Argumenta que esto no es conveniente, ya que autoridades regionales, alcaldes y algunos funcionarios del gobierno central y congresistas "están conectados" con la minería ilegal y buscan una ley que legalice la ilegalidad.
Finalmente, Gálvez desestimó la idea errónea de que las grandes compañías retienen concesiones sin trabajarlas. Recordó que el derecho de vigencia básico es de 3 dólares por hectárea al año, pero existen penalidades que aumentan este monto a 30 y hasta 150 dólares si no hay producción, y las concesiones caducan a los 30 años sin producción.
Subrayó que proyectos mineros de gran envergadura toman décadas en desarrollarse (Antamina 50 años, Bayóvar 80 años, Cerro Verde 61 años), y reducir los plazos de caducidad impediría el desarrollo de operaciones vitales para el Perú.
La postura del Gobierno
Ante esta situación, el Canciller Schialer afirmó que el gobierno re-impondrá el principio de autoridad, dialogará con quienes deseen hacerlo y aplicará "todo el peso de la ley" a los dirigentes de los bloqueos, quienes ya están identificados y tienen expedientes fiscales abiertos.
Instó al Ministerio Público a actuar rápidamente, ya que lo que está en juego es la imagen del Perú y el bienestar de las familias.
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